La Fejuve que agrupa a más de 540 juntas vecinales de El Alto, debido a que su pliego de peticiones no fue respondido por los ex presidentes Carlos Mesa Gisberth y Eduardo Rodríguez Veltzé, decidió volver a presentar sus demandas al actual gobierno encabezado por dirigente cocalero, Evo Morales.
Carlos Rojas, dirigente de la Fejuve, informó que la organización alteña ya no mendigará audiencias al actual presidente de la República, debido a que recientemente no fueron tratados con cordialidad en el Palacio de Gobierno donde acudieron varias organizaciones sociales de El Alto, principalmente la Central Obrera Regional (COR). Anunció que de ahora en adelante exigirán que el gobierno cumpla con los plazos de pidio para responder a las demandas de los alteños.
El representante de la entidad vecinal informó que comenzó la cuenta regresiva para el actual gobierno, debido a que tiene que responder a varias demandas de los alteños, entre ellos hasta el lunes ya debe promulgarse la Ley de creación del Instituto Normal Superior de El Alto (INSEA). Asimismo, explicó que ya se venció el plazo para que el cobro del cargo fijo en las facturas de consumo de energía eléctrica sea anulado. Anunció también que el actual gobierno debe tomar la decisión de sacar del país a la empresa Aguas del Illimani.
Ayer en la tarde, los dirigentes de la Fejuve presentaron formalmente el pliego de peticiones al gobierno central, donde plantean principalmente en el ámbito nacional el juicio de responsabilidades contra los masacradores de febrero, septiembre y octubre del 2003.
Demandan también la reversión de las empresas estratégicas a favor del Estado boliviano, la abrogación del decreto 21060, la reversión de las tierras de los latifundistas al Estado para su posterior distribución equitativa, la creación de empleos dignos con estabilidad laboral y seguro social, la anulación de la subvención a los partidos políticos, la supresión de las superintendencias y frenar el saqueo de la madera.
En el ámbito departamental, demandan la apertura de caminos en las 20 provincias del departamento de La Paz, el traslado del Aeropuerto Internacional, la culminación de la carretera Cotapata-Santa Bárbara y el incremento de presupuesto para La Paz.
Finalmente, en las demandas regionales piden la inmediata salida de Aguas del Illimani, la declaratoria de ley de prioridad para el financiamiento que otorgue la atención a los servicios básicos y el tendido de la red secundaria de gas domiciliario.
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