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8/9/10

Cívicos de El Alto rechazan creación de “Suprapoder” para Control Social

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Bajo el argumento de evitar la corrupción y respetar a las
organizaciones y representaciones, el Comité Cívico de El Alto, dio a
conocer a EL DIARIO, su desacuerdo en la conformación de un
"Suprapoder", por parte del oficialismo, para ejercer el control
social, afirmó Mario Chacón, representante de la organización cívica.

De acuerdo al dirigente, la sociedad debe ser reconocida por parte del
Gobierno, basándose en sus propias organizaciones existentes, las
cuales están relacionadas al Estado y deben asumir el control social,
como establece la Constitución Política del Estado (CPE).

El artículo 241 señala que: "el pueblo soberano, por medio de la
sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas
públicas. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la
gestión pública, en todos los niveles del Estado, y a las empresas e
instituciones públicas, mixtas y probadas, que administren los
recursos fiscales (...)", explica la norma.

La Carta Magna, dijo Chacón, en ningún momento establece, que el
Gobierno de turno deba crear un poder mayor a la sociedad organizada,
por lo que el intento de reconocer tanto al Comité de Control Social,
que fue posesionado en pasados meses, es ilegal, así como aquel que se
pretende reconocer como brazo operativo coercitivo del Gobierno,
refiriéndose al Concejo Nacional por el Cambio (Conalcam)

PARTICIPACIÓN

La organización cívica plantea que el Gobierno debe respetar la propia
(CPE), donde se determina el marco de la participación del Control
Social.

Esta participación establecida en el artículo 242, señala que
"participar es aportar en la formulación de las políticas de Estado,
con la construcción colectiva de las leyes (...); además de generar un
manejo transparente de la información del uso de los recursos en todos
los espacios de la gestión pública. La información solicitada por el
control social no podrá denegarse y será entregada de manera completa,
veraz, adecuada y oportuna(...)", establece la CPE.

"En tal sentido, nosotros como organización de la sociedad civil,
reconocida por la propia CPE, reiteramos que se respete la principal
Ley, la cual no reconoce otras instancias, que generen control social
y menos "suprapoderes", por lo que demandamos respeto a la Carta
Magna, aprobada por la Asamblea Legislativa", explicó Chacón.

ANTECEDENTES

De acuerdo al oficialismo, la actual organización del Gobierno, que
reemplaza a las organizaciones sociales, calificada como el brazo
coercitivo del Movimiento Al Socialismo (MAS), tendrá entre sus
funciones, "consensuar leyes, definir medidas contra los dirigentes o
militantes que generen división o conflicto, formar nuevos líderes y
coordinar acciones, para defender al gobierno de Evo Morales".

En pasados días, el propio viceministro de Coordinación con los
Movimientos Sociales, César Navarro, explicó que el proceso de cambio
que vive el país, si bien recordó que deviene el Gobierno de las
organizaciones sociales, sus potestades serían negadas por las nuevas
tareas otorgadas al denominado "Suprapoder".

"Cuando la propia autoridad de Estado sólo reconoce al Conalcam, como
antiimperialista, antineoliberal y anticolonial, busca la construcción
del Estado plurinacional, busca negar el proceso histórico de las
organizaciones sociales, las cuales fueron la base fundamental de este
Gobierno", observa Chacón.

De acuerdo a las autoridades de Gobierno, la Conalcam se convertirá en
la estructura política, donde se incluye la dirigencia sindical, que
tiene filiación partidaria con el (MAS).

De acuerdo a la CPE, la estructura a ser definida, según el
oficialismo, no sólo será nacional, sino departamental y regional.

En la actualidad las organizaciones sociales reconocidas por parte del
Gobierno sólo son 24 sindicatos que apoyan paritariamente al MAS-IPSP
y del Órgano Legislativo.

Para el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Rodolfo Machaca, el objetivo de la
nueva estructura "es garantizar que el proceso de cambio dure muchos
años".

Para el representante de la organización cívica de la ciudad de El
Alto, no es más que impedir que las representaciones de la sociedad,
las cuales no responden a una estructura partidaria, ejerzan el
control social.

"Que podemos esperar de gente que responde partidariamente, sólo
obstáculos para el control social, el mismo que se convertirá en un
brazo operador y coercitivo, institucionalizando la impunidad en
desmedro de los recursos del Estado", concluyó el entrevistado.
El Diario

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