La Iglesia teme más avasallamientos en la ciudad de El Alto
Vecinos obligan a demoler una capilla católica en Villa Ingenio
Labor: una volqueta estacionada junto al terreno donde antes estaba la capilla Señor de la Cruz, ayer
La Fejuve dice que hará control social de los templos. La Iglesia Católica teme por sus bienes.
La Junta de Vecinos de Villa Ingenio obligó al párroco de esa zona alteña, Hilarión Pérez, a firmar un "convenio de buen entendimiento" para aceptar la demolición de la capilla del Señor de la Cruz, que en octubre de 2003 fue usada de refugio y clínica por los manifestantes que resistían la represión militar. La Iglesia Católica teme por sus bienes en esa urbe.
Los vecinos del sector dicen que en el predio se construirá un hospital de segundo nivel con recursos canalizados por el Gobierno Municipal de El Alto (GMEA).
Las presiones de los dirigentes vecinales comenzaron el anterior jueves y se agudizaron el lunes, día en que, hacia a las 15.00, Pérez se vio forzado a firmar el documento "por salvaguardar a los jóvenes (que acuden cada día a la parroquia) y al templo", denominado Cristo Redentor.
La suscripción del acuerdo fue testimoniada por una veintena de miembros de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTO), quienes desde las 09.00 de ese mismo día custodiaban la parroquia para evitar la toma violenta de los ambientes por los grupos de vecinos.
Una hora después, los empleados del GMEA y los vecinos de Villa Ingenio comenzaron a demoler la capilla del Señor de la Cruz y predios aledaños con la ayuda de maquinaria pesada.
"Ya había una ordenanza municipal para que se demuela —añadió el sacerdote—. Yo qué iba a hacer. Asumo esta responsabilidad, espero que sea para bien de la comunidad".
Pérez aseguró que, por la presión social, no tuvo tiempo para consultar con la Diócesis de El Alto sobre la conveniencia o no de firmar el acuerdo con la junta.
Este martes, el párroco tuvo una reunión en la Universidad Salesiana (Achachicala) con el asesor legal de esa jurisdicción religiosa (doctor Aquino), a quien entregó el convenio para su análisis. Este profesional entregará en los siguientes días un informe a monseñor Jesús Juárez, obispo de El Alto.
Este religioso no pudo ser contactado porque se encuentra de viaje en el país.
Pérez aseguró a La Prensa que no fue agredido físicamente por los pobladores antes de la firma del acuerdo. Estas versiones fueron difundidas este martes por medios televisivos paceños. Los vecinos no quisieron ayer hacer declaraciones sobre la presión social que antecedió a la demolición de los ambientes donde hasta la anterior semana se impartía a las mujeres del lugar clases de macramé, computación, peinado y catequesis, entre otras actividades comunitarias.
Pérez aseguró que ninguna de esas actividades será cancelada porque todavía se dispone de otros ambientes junto a la iglesia Cristo Redentor.
Un "lugar sagrado"
De acuerdo con el párroco Pérez, en octubre de 2003 la capilla sirvió para atender a los heridos de la represión policial-militar.
Se refugiaron en ella también manifestantes durante los días de "resistencia social".
Esa instalación religiosa fue además el recinto donde se velaron algunos de los cuerpos de los muertos.
Por esas funciones, el sacerdote católico calificó a la capilla de "lugar sagrado".
El secretario ejecutivo de la Comisión de Comunicación de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), José Rivera, también resaltó el papel asignado por el vecindario y el párroco de entonces, Wilson Soria, a la capilla y los otros ambientes demolidos.
El coordinador de la Alcaldía de El Alto, José Ramos, consideró que la capilla fue por entonces uno de los "símbolos de la resistencia alteña contra Goni".
El temor de la Iglesia
Ramos no pudo proporcionar detalles sobre este caso, que se encuentra en el dominio del Distrito 5 de la urbe alteña, cuyo responsable no fue contactado por La Prensa. Tampoco respondió el celular el Oficial Mayor.
Ramos recordó que hace unos tres años la Alcaldía de El Alto emitió una ordenanza para que la Iglesia Católica regularice la documentación de sus predios.
Comentó que en la mayoría de los casos las juntas de vecinos cedieron en décadas pasadas el uso de áreas de equipamiento para la construcción de templos y sus instalaciones colaterales.
Esos acuerdos fueron suscritos entre dos partes y podrían ser modificados en caso de que los vecinos, por ejemplo, dispusieran que ya no quieren una iglesia.
Un caso parecido ocurrió el año pasado en la zona Paraíso (Distrito 3, a la altura de Villa Adela), donde la dirigencia cerró un templo católico para destinar el terreno a obras de equipamiento vecinal, aunque el proyecto no se llegó a materializar, puede ser considerado el primer precedente de este tipo.
Pero dejó en claro que los previos para infraestructura social tampoco son de propiedad de los vecinos, sino del municipio.
Por su parte, el primer vicepresidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, Luis Huanca, afirmó que cada vecindario debe verificar si las iglesias, sean católica o evangélicas, cumplen un propósito social para la población.
Dejó abierta la posibilidad para que los vecinos decidan la conveniencia o no de la continuidad del trabajo religioso.
Rivera consideró que toda clase de presión es una contravención de los convenios relativos al trabajo de los religiosos católicos. Aseguró que, en El Alto, las parroquias tienen los documentos al día.
Pese a ello, no dejó de manifestar que existe "riesgo" para los predios de ese credo porque la inseguridad jurídica que campea en la urbe alteña.
Ramos consideró que esta situación podría mejorarse con el diálogo abierto entre la Alcaldía, las juntas vecinales y la Iglesia.
Una toma en la UPEA
Estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) tomaron ayer de manera violenta el Rectorado de esa casa de estudios superiores.
De acuerdo con el reporte de la red ATB, los grupos estudiantiles tomaron el edificio principal de la UPEA, ubicada en la zona Villa Esperanza.
En esa acción rompieron bancos de madera y vidrios. Después irrumpieron en las oficinas del Rectorado, que para ese momento ya había sido desalojado por los empleados administrativos.
Los universitarios piden la destitución de algunos docentes que consideran que no aportan lo suficiente en la formación académica.
El año pasado también hubo problemas en esa casa de enseñanza, debido a problemas políticos internos que suscitaron incluso la suspensión de las actividades. La UPEA atravesó además en otras gestiones problemas de infraestructura y dotación de ítems.
Caso de Andrés Rojas
Hace tres semanas, el periodista Andrés Rojas fue obligado a renunciar por la dirigencia de la Central Obrera Regional (COR) al cargo de jefe de Prensa del Canal Virgen de Copacabana (CVC), ubicado en la zona de Villa Adela y que es parte de la obra social Cuerpo de Cristo, del sacerdote alemán Sebastián Obermaier.
La COR acusó a Rojas de haber hablado en contra de las organizaciones alteñas durante las jornadas violentas de octubre de 2003, en las que murieron al menos 60 personas por la represión militar instruida por el ahora ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR).
El periodista reconoció que fue amenazado en varias ocasiones con llamadas telefónicas anónimas y en reiteradas oportunidades fue perseguido por personas desconocidas en El Alto. Éste es el primer caso de un comunicador obligado a dejar su trabajo por presión social.
Reacciones
"Esta ocupación viene de una imposición de la junta vecinal de la zona de agarrarse esos terrenos y ambientes apoyándose en una ordenanza municipal de El Alto que, sin tomar en cuenta la documentación que ya tenía la parroquia, ha definido esa zona como área de equipamiento y área verde, que no corresponde"
José Rivera
Prensa-Conferencia Episcopal
"En una situación así yo he tenido que dar un paso adelante. Empeñé mi palabra y mi firma. Entonces, Dios permita que siga adelante esta construcción, aunque yo tenga que tener alguna sanción de mis superiores. Ya había una ordenanza municipal para que se demuela"
Hilarión Pérez
Sacerdote de Cristo Redentor
"Habría que ver en la parte legal qué es lo que han hecho las iglesias que se han adjudicado terrenos en el área de equipamiento. (Además,) cómo van a demostrar en la actualidad ese derecho si los compañeros (vecinos) no pueden hablar de ningún derecho sobre terrenos municipales"
José Ramos
Coordinador Alcaldía alteña
"No hay una instrucción para tomar predios de la Iglesia. Todas las juntas vecinales deben evaluar cuál es la función de los templos, para ver si siguen o no con esos trabajos o si destinan el terreno a otras cosas que beneficien a la comunidad. Eso se lo debe hacer con las normas en la mano. No es así nomás"
Luis Huanca
Dirigente Fejuve alteña
Los detalles
La iglesia Cristo Redentor se encuentra en la zona de Villa Ingenio, en la ciudad de El Alto.
Los vecinos y la Alcaldía alteña destinarán el terreno a la construcción de un hospital.
Ese centro médico será de segundo nivel y se levantará con recursos del municipio.
El párroco Pérez dijo que no fue agredido físicamente por los vecinos. Pero sí hubo presión.
Los vecinos del sector dicen que en el predio se construirá un hospital de segundo nivel con recursos canalizados por el Gobierno Municipal de El Alto (GMEA).
Las presiones de los dirigentes vecinales comenzaron el anterior jueves y se agudizaron el lunes, día en que, hacia a las 15.00, Pérez se vio forzado a firmar el documento "por salvaguardar a los jóvenes (que acuden cada día a la parroquia) y al templo", denominado Cristo Redentor.
La suscripción del acuerdo fue testimoniada por una veintena de miembros de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTO), quienes desde las 09.00 de ese mismo día custodiaban la parroquia para evitar la toma violenta de los ambientes por los grupos de vecinos.
Una hora después, los empleados del GMEA y los vecinos de Villa Ingenio comenzaron a demoler la capilla del Señor de la Cruz y predios aledaños con la ayuda de maquinaria pesada.
"Ya había una ordenanza municipal para que se demuela —añadió el sacerdote—. Yo qué iba a hacer. Asumo esta responsabilidad, espero que sea para bien de la comunidad".
Pérez aseguró que, por la presión social, no tuvo tiempo para consultar con la Diócesis de El Alto sobre la conveniencia o no de firmar el acuerdo con la junta.
Este martes, el párroco tuvo una reunión en la Universidad Salesiana (Achachicala) con el asesor legal de esa jurisdicción religiosa (doctor Aquino), a quien entregó el convenio para su análisis. Este profesional entregará en los siguientes días un informe a monseñor Jesús Juárez, obispo de El Alto.
Este religioso no pudo ser contactado porque se encuentra de viaje en el país.
Pérez aseguró a La Prensa que no fue agredido físicamente por los pobladores antes de la firma del acuerdo. Estas versiones fueron difundidas este martes por medios televisivos paceños. Los vecinos no quisieron ayer hacer declaraciones sobre la presión social que antecedió a la demolición de los ambientes donde hasta la anterior semana se impartía a las mujeres del lugar clases de macramé, computación, peinado y catequesis, entre otras actividades comunitarias.
Pérez aseguró que ninguna de esas actividades será cancelada porque todavía se dispone de otros ambientes junto a la iglesia Cristo Redentor.
Un "lugar sagrado"
De acuerdo con el párroco Pérez, en octubre de 2003 la capilla sirvió para atender a los heridos de la represión policial-militar.
Se refugiaron en ella también manifestantes durante los días de "resistencia social".
Esa instalación religiosa fue además el recinto donde se velaron algunos de los cuerpos de los muertos.
Por esas funciones, el sacerdote católico calificó a la capilla de "lugar sagrado".
El secretario ejecutivo de la Comisión de Comunicación de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), José Rivera, también resaltó el papel asignado por el vecindario y el párroco de entonces, Wilson Soria, a la capilla y los otros ambientes demolidos.
El coordinador de la Alcaldía de El Alto, José Ramos, consideró que la capilla fue por entonces uno de los "símbolos de la resistencia alteña contra Goni".
El temor de la Iglesia
Ramos no pudo proporcionar detalles sobre este caso, que se encuentra en el dominio del Distrito 5 de la urbe alteña, cuyo responsable no fue contactado por La Prensa. Tampoco respondió el celular el Oficial Mayor.
Ramos recordó que hace unos tres años la Alcaldía de El Alto emitió una ordenanza para que la Iglesia Católica regularice la documentación de sus predios.
Comentó que en la mayoría de los casos las juntas de vecinos cedieron en décadas pasadas el uso de áreas de equipamiento para la construcción de templos y sus instalaciones colaterales.
Esos acuerdos fueron suscritos entre dos partes y podrían ser modificados en caso de que los vecinos, por ejemplo, dispusieran que ya no quieren una iglesia.
Un caso parecido ocurrió el año pasado en la zona Paraíso (Distrito 3, a la altura de Villa Adela), donde la dirigencia cerró un templo católico para destinar el terreno a obras de equipamiento vecinal, aunque el proyecto no se llegó a materializar, puede ser considerado el primer precedente de este tipo.
Pero dejó en claro que los previos para infraestructura social tampoco son de propiedad de los vecinos, sino del municipio.
Por su parte, el primer vicepresidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, Luis Huanca, afirmó que cada vecindario debe verificar si las iglesias, sean católica o evangélicas, cumplen un propósito social para la población.
Dejó abierta la posibilidad para que los vecinos decidan la conveniencia o no de la continuidad del trabajo religioso.
Rivera consideró que toda clase de presión es una contravención de los convenios relativos al trabajo de los religiosos católicos. Aseguró que, en El Alto, las parroquias tienen los documentos al día.
Pese a ello, no dejó de manifestar que existe "riesgo" para los predios de ese credo porque la inseguridad jurídica que campea en la urbe alteña.
Ramos consideró que esta situación podría mejorarse con el diálogo abierto entre la Alcaldía, las juntas vecinales y la Iglesia.
Una toma en la UPEA
Estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) tomaron ayer de manera violenta el Rectorado de esa casa de estudios superiores.
De acuerdo con el reporte de la red ATB, los grupos estudiantiles tomaron el edificio principal de la UPEA, ubicada en la zona Villa Esperanza.
En esa acción rompieron bancos de madera y vidrios. Después irrumpieron en las oficinas del Rectorado, que para ese momento ya había sido desalojado por los empleados administrativos.
Los universitarios piden la destitución de algunos docentes que consideran que no aportan lo suficiente en la formación académica.
El año pasado también hubo problemas en esa casa de enseñanza, debido a problemas políticos internos que suscitaron incluso la suspensión de las actividades. La UPEA atravesó además en otras gestiones problemas de infraestructura y dotación de ítems.
Caso de Andrés Rojas
Hace tres semanas, el periodista Andrés Rojas fue obligado a renunciar por la dirigencia de la Central Obrera Regional (COR) al cargo de jefe de Prensa del Canal Virgen de Copacabana (CVC), ubicado en la zona de Villa Adela y que es parte de la obra social Cuerpo de Cristo, del sacerdote alemán Sebastián Obermaier.
La COR acusó a Rojas de haber hablado en contra de las organizaciones alteñas durante las jornadas violentas de octubre de 2003, en las que murieron al menos 60 personas por la represión militar instruida por el ahora ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR).
El periodista reconoció que fue amenazado en varias ocasiones con llamadas telefónicas anónimas y en reiteradas oportunidades fue perseguido por personas desconocidas en El Alto. Éste es el primer caso de un comunicador obligado a dejar su trabajo por presión social.
Reacciones
"Esta ocupación viene de una imposición de la junta vecinal de la zona de agarrarse esos terrenos y ambientes apoyándose en una ordenanza municipal de El Alto que, sin tomar en cuenta la documentación que ya tenía la parroquia, ha definido esa zona como área de equipamiento y área verde, que no corresponde"
José Rivera
Prensa-Conferencia Episcopal
"En una situación así yo he tenido que dar un paso adelante. Empeñé mi palabra y mi firma. Entonces, Dios permita que siga adelante esta construcción, aunque yo tenga que tener alguna sanción de mis superiores. Ya había una ordenanza municipal para que se demuela"
Hilarión Pérez
Sacerdote de Cristo Redentor
"Habría que ver en la parte legal qué es lo que han hecho las iglesias que se han adjudicado terrenos en el área de equipamiento. (Además,) cómo van a demostrar en la actualidad ese derecho si los compañeros (vecinos) no pueden hablar de ningún derecho sobre terrenos municipales"
José Ramos
Coordinador Alcaldía alteña
"No hay una instrucción para tomar predios de la Iglesia. Todas las juntas vecinales deben evaluar cuál es la función de los templos, para ver si siguen o no con esos trabajos o si destinan el terreno a otras cosas que beneficien a la comunidad. Eso se lo debe hacer con las normas en la mano. No es así nomás"
Luis Huanca
Dirigente Fejuve alteña
Los detalles
La iglesia Cristo Redentor se encuentra en la zona de Villa Ingenio, en la ciudad de El Alto.
Los vecinos y la Alcaldía alteña destinarán el terreno a la construcción de un hospital.
Ese centro médico será de segundo nivel y se levantará con recursos del municipio.
El párroco Pérez dijo que no fue agredido físicamente por los vecinos. Pero sí hubo presión.
Fuente: La Prensa 06-05-09
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