Maqueta del futuro Palacio de Justicia.
• Presidente de Concejo Municipal de El Alto asegura que esa instancia
no puede avalar desembolso del 20 por ciento por falta de una ley.
El Concejo Municipal de El Alto aguarda la aprobación de una ley para
autorizar el 20 por ciento del financiamiento para la construcción del
Palacio de Justicia en esa urbe.
Roberto de la Cruz, presidente del Concejo Municipal, dijo que
mientras no se apruebe esa ley, la Alcaldía de El Alto no puede
disponer el 20 por ciento que le corresponde como contra parte de los
siete millones, para construir esa obra de gran magnitud.
La autoridad edil dijo que a la fecha, sólo existe el terreno que el
Gobierno Municipal de El Alto (GMEA) otorgó para la edificación del
Palacio de Justicia y el desembolso del 20 por ciento pasa por la
aprobación de esa ley en el Congreso Nacional.
"En tanto no exista una ley o resolución que permita que nosotros
tengamos que disponer el 20 por ciento de los recursos municipales, no
podemos aprobar ningún financiamiento, de lo contrario estaríamos
cometiendo un delito", sostuvo.
Sin embargo, manifestó que los concejales debatirán en las próximas
sesiones la viabilización de esta obra que es parte del desarrollo de
la ciudad, con más crecimiento poblacional del país.
"Vamos a poner en consideración en el orden del día para que no
existan retrasos", comprometió.
PROYECTO
A su turno, Erika Arratia, directora de la Unidad de Proyectos
Distritales del municipio, explicó que el monto total para la
ejecución de la obra es de 7.000.000 de dólares y el mismo está en
consideración del Concejo Municipal.
No obstante, recalcó que según las normas vigentes, el Poder Judicial,
a través del Consejo de la Judicatura, debe financiar el 50 por ciento
de la obra.
El Gobierno nacional debe disponer el 30 por ciento, y en este caso el
municipio alteño debe otorgar el 20 por ciento y el mismo debe ser
homologado por el Concejo Municipal.
COR
Entretanto, dirigentes de la Central Obrera Regional (COR), mediante
una carta enviada, el pasado 9 de este mes a Esteban Estrada y Víctor
Paredes, representantes Distritales del Consejo de la Judicatura de La
Paz, solicitan ser fiscalizadores de la contratación y ejecución de la
obra.
La organización sindical, arguye su pedido amparado en el Artículo 60,
inciso b) del Decreto Supremo 0181 de 28 de junio de 2009 que aprueba
las "Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios" reguladas por la Ley SAFCO.
Además, los dirigentes de la COR, a la cabeza de su ejecutivo, Edgar
Patana, piden que en la licitación pública internacional participen
las distintas organizaciones sociales de esa ciudad, según les faculta
los Artículos 241 y 242 de la Constitución Política del Estado, que
faculta a la sociedad civil organizada ejercer el control social a las
instituciones públicas que administren recursos fiscales, obligando a
éstas a un manejo transparente de la información y del uso de tales
recursos públicos.
http://eldiario.net/noticias/2009/2009_12/nt091213/4_01scd.php
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