Después de un arduo debate interno, las autoridades y estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) aceptaron iniciar el diálogo con el Gobierno y el rector Ricardo Nogales oficializó la presencia de la comisión negociadora a las reuniones, que empezarán hoy, desde las 8:00, en la Vicepresidencia.
Aunque los estudiantes dejaron en claro que las medidas de presión, como las marchas y las huelgas de hambre, no serán suspendidas hasta que se consigan los puntos de las tres demandas que tienen: encontrar al responsable de la muerte del estudiante Jonathan Quispe, la renuncia de tres ministros y la modificación de la Ley 195.
La propuesta del Gobierno, realizada ayer en la mañana, refiere: formar comisiones técnicas para asegurar recursos este año; trabajo de las mismas mesas para buscar la sostenibilidad de los recursos y en función de las conclusiones ver la posibilidad de elaborar una ley; asimismo se planteó formar una comisión de transparencia para revisar el trabajo interno de esta universidad.
El Gobierno guardó silencio respecto de la renuncia de los ministros de Gobierno, Carlos Romero y de Economía, Mario Guillen, además del viceministro Mario Durán.
El dirigente de los docentes de la UPEA, Salvador Quispe, explicó que para este año es imposible la aplicación de una reforma de la Ley 195 y por eso aceptaron la subvención extraordinaria por 2018, pero en 2019 debe consolidarse la reforma, que podría ser una ley complementaria a la 195 para que los recursos que recibe la UPEA no se limiten a la asignación anual.
El ejecutivo de los estudiantes, Iván Contreras, dijo que él está cinco años en esta universidad y que cada año marchó en busca de la subvención extraordinaria, y que por eso quieren una ley que disponga esta subvención.
Hasta el momento, los estudiantes desplegaron siete piquetes de huelga de hambre y mantendrán los mismos hasta la solución del conflicto; asimismo, adelantaron que si no hay acuerdos el fin de semana, las marchas se reanudarán desde el lunes en la sede de Gobierno.
El rector de la UPEA dijo que ellos siempre acudieron con la disposición de negociar y que incluso presentaron una propuesta para la reforma de la Ley 195 que no fue tomada en cuenta por el oficialismo y la misma quedó relegada en la Cámara de Diputados.
Carlos Romero
En el caso de Jonathan Quispe, ayer la abogada Paola Barriga informó de que fueron notificados por la Fiscalía con las pericias del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) sobre las circunstancias de la muerte del estudiante y eso los habilitó como querellantes, y en esa calidad, según la abogada, tienen la querella contra el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
Expresó que producto de este proceso, las autoridades de esa cartera investigaron sus cuentas y casos en los que es patrocinante para intimidarla, y dijo que ella no tiene interés personal, pero que el ministro Romero debe responder por la muerte.
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