Las fallas en la justicia y la seguridad pública han orillado a los pobladores de El Alto a buscar formas alternativas para enfrentar a la delincuencia. Patrullajes zonales rotativos, sistemas de alerta, muñecos para amedrentar a los ladrones, son las precarias armas con las que la comunidad se protege. Sin embargo, no son pocos los casos en los que, de las advertencias, se pasa a los hechos, en ese preciso punto el vecino deja de ser damnificado para convertirse en verdugo.
Por Consuelo Espinoza
Pedro Jiménez atraviesa la puerta de un inmueble de la zona de San Roque de El Alto, sale de una reunión donde una centena de vecinos de los distritos 7 y 9 analizaron el Programa Municipal de Seguridad Ciudadana implementado a principios de año.
Todavía recuerda iniciativas similares como el Plan de Serenazgo, emprendido también por el gobierno local, que no fueron sostenibles en el tiempo, principalmente, por falta de presupuesto y por discrepancias en su aplicación.
Jiménez, quien es Secretario de Seguridad Ciudadana de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto, opina que nunca serán suficientes los esfuerzos gubernamentales para enfrentar la delincuencia porque, en su criterio, el cual no difiere del ciudadano de a pie, la criminalidad va en aumento cada año.
De acuerdo al informe: “Policía Nacional y Seguridad Ciudadana”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el 2006, ocho de cada diez ciudadanos de las ciudades de Santa Cruz y El Alto se sentían inseguros al caminar solos de noche por su barrio, la investigación también señala que la corrupción y la ineficiencia ha generado una elevada desconfianza de los ciudadanos en la institución del orden.
Pero no es sólo una percepción. El Alto es una de las ciudades más peligrosas del país. De acuerdo a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en el 2005 se atendieron 3,265 denuncias, esta cifra sube en el 2006 a 7.563 (más de un 100% de incremento en la criminalidad). Las estadísticas demuestran que en lo que va del año, la cifra global de la pasada gestión ya fue superada en agosto.
En El Alto hay en promedio un policía por cada 750 personas, en una ciudad que bordea el millón de habitantes (864.575) según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el año 2007.
Con 560 villas distribuidas en ocho Distritos Urbanos y once comunidades pertenecientes a dos Distritos Rurales, se dificulta la labor de la fuerza policial que no sobrepasa los 1.500 efectivos, manifiesta el Comandante Regional de la Policía de El Alto, Sócrates Philco. “La población quizás está sintiendo la falta de seguridad ciudadana, pero, tenemos que comprender que se trata de una tarea conjunta. Es cierto que nosotros tenemos la carga mayor, pero, necesariamente, tenemos que ir acompañados de todos los estamentos”, opina la autoridad policial.
Estado de alerta
Ante esta situación, a los pobladores alteños no les queda más remedio que continuar organizándose conformando grupos de autoprotección y enfrentar así a los delincuentes, sobre todo, en los barrios más alejados, opina el Secretario de Seguridad Ciudadana.
“Nos hemos puesto alarmas. En las noches tocamos pitos, también phututus (cuerno de toro) cuando el gato (ladrón) se aparece”, cuenta Héctor Mamani, un vecino de Tilata, al referirse al estado de alerta con el que diariamente tienen que convivir los habitantes del lugar para preservar su escaso patrimonio.
Sin embargo, en ocasiones, las iniciativas de autoprotección de los vecinos sobrepasan los límites. Aquí es cuando la el afán de justicia se convierte en sed de venganza y el castigo de un delito menor, como puede ser un robo, termina siendo un ilícito mucho más grave: el asesinato con ensañamiento.
“Si le encontramos al ladrón en la zona robando será linchado y colgado”, reza un cartel adherido a un muñeco de trapo que cuelga de un poste. Esta advertencia, al igual que la inscripción de leyendas similares en paredes, como en el barrio de Tilata situado al sudoeste de El Alto, forman parte del plan que tienen los vecinos para luchar contra el crimen.
Según datos oficiales de la FELCC de El Alto, de enero a agosto de este año atendieron 18 casos, entre intentos de linchamiento y linchamientos consumados, en cinco de los cuales las víctimas (cuatro hombres y una mujer) perdieron la vida a causa de contusiones y quemaduras, el resto se libraron de la muerte por la intervención de la Policía.
Delito contra delito
Para el Defensor del Pueblo de esa urbe, Roberto Quiroz, la desesperación ha obligado a los ciudadanos a buscar su autoprotección, lo que los convierte en víctimas por doble partida. Por un lado el Estado no cumple su función de preservar la seguridad de los vecinos y porque éstos, al hacer justicia por mano propia, incurren en abusos que algunas veces son castigados con procesos penales.
“Lo grave es que a partir del hecho de buscar su propia seguridad también han empezado a cometer excesos y conocemos de actos delincuenciales, pues a cualquier persona que supuestamente es delincuente se lo detiene, se lo maltrata e incluso se lo ha victimado”, manifestó.
Quiroz considera al Estado, a través del Ministerio Público y la Policía, como el principal responsable de esta situación, porque ninguna de estas instituciones realiza efectivamente su labor de defender a la sociedad lo que contribuye a la inseguridad ciudadana.
“Cuando se encuentra a una persona cometiendo un delito, la Policía, aplicando las normas del Código de Procedimiento Penal, antes de las ocho horas, juntamente con el Ministerio Público la remiten al Poder Judicial, pero no es suficiente, porque tiene que estar acompañado de diligencias bien efectuadas para que el juez tenga los elementos probatorios que respalden la determinación de disponer la detención, por lo menos preventiva”, dijo. Este es sólo el inicio de un largo peregrinaje judicial que en la mayoría de los casos concluye con la impunidad del delincuente, por ello la comunidad muchas veces toma decisiones al margen de lo que señalan las leyes.
De acuerdo al Código Penal vigente, un delincuente que irrumpe en una casa para cometer un robo, debiera ser castigado con un máximo de cinco años de cárcel, pero si tiene la desgracia de caer en manos de los vecinos, la punición se transforma automáticamente en una condena a una muerte particularmente violenta. Sin mediar proceso alguno, los vecinos lo matarán a golpes o incluso lo quemarán vivo si es que oportunamente no interviene la Policía.
Las estadísticas de la FELCC de El Alto señalan que un supuesto delincuente está más expuesto a enfrentar la furia vecinal por cometer robo, robo agravado, tentativa de robo o lesiones mayores.
Código de silencio
Los datos del Ministerio Público indican que nueve personas acusadas de participar en los 18 casos de linchamiento o intento de linchamiento registrados este año fueron imputadas, es decir, que la fiscalía encontró indicios en la comisión del delito de homicidio o tentativa de homicidio. Otros dos incidentes todavía están siendo investigados, mientras que en los restantes siete, los autores no fueron identificados.
Sin Embargo, en aquellos casos donde se iniciaron los procesos correspondientes, no se logró su desarrollo efectivo debido, principalmente, al desconocimiento de las referencias de las víctimas o porque sus familiares no sentaron ninguna denuncia.
“Se desconoce sus documentos de identidad porque son personas que generalmente se dedican al mundo del hampa”, manifestó la Fiscal de Distrito, Teresa Vera.
En más de un una oportunidad los linchamientos han tratado de ser justificados apelando a la aplicación de una supuesta justicia comunitaria, aunque las autoridades (del Estado o las originarias) sostienen que esta comparación no tiene asidero alguno.
Algo si es cierto: cuando los vecinos de un barrio deciden tomar la justicia en sus manos, se establece un pacto de silencio tácito, un compromiso que sella los labios de instigadores, ejecutores o simples testigos. Nadie vio nada, nadie escuchó nada, nadie supo de nada. En el mejor de los casos, el ajusticiamiento popular será tan sólo una noticia de páginas interiores o tal vez sirva para abultar más las estadísticas policiales.
Fuente: Erbol, el reportaje pertenece a Consuelo Espinoza.
La imagen pertenece a Bolivia Hoy.
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