Autores del corte de agua a La Paz deben ser enjuiciados y encarcelados

Diputados y autoridades judiciales condenaron el atentado

Autores del corte de agua a La Paz deben ser enjuiciados y encarcelados

EL PRESIDENTE DE LA SALA PENAL TERCERA DE LA CORTE DE DISTRITO DE LA PAZ.

Los dirigentes que cortaron el suministro de agua potable de la represa de Milluni deben ser investigados, enjuiciados y encarcelados con al menos ocho años de privación de libertad por atentar contra la salud de la población y el derecho constitucional a los servicios básicos, afirmaron parlamentarios y autoridades judiciales.

Al condenar el hecho que privó del líquido vital al 25% de la población citadina de La Paz, el presidente de la Sala Penal Tercera de la Corte de Distrito de La Paz, William Alave, aseguró que los infractores violaron varios artículos de la CPE, del Código Penal y de la Ley del Medioambiente por lo que son pasibles a un proceso debido e inmediato.

El miércoles, más de 100.000 familias paceñas quedaron afectadas tras el cierre de la represa de Milluni por comunarios que exigían al alcalde de El Alto, Edgar Patana, respete la posesión de la primera autoridad edil del distrito. El fiscal William Dávila dijo que los responsables serán procesados luego de realizar la investigación.

Alave sostuvo que al tratarse de actitudes que atentan a la salud pública, el Art. 358 del Código Penal sanciona este hecho como "daño calificado" cuando el mismo afecta a ductos de agua o electricidad. "Para impedir el flujo del líquido a la ciudadanía los autores han tenido que violentar los sistemas de seguridad y destruir los ductos", dijo.

Por otro lado, la suspensión del aprovisionamiento de agua está plasmada en el Art. 108 de la Ley del Medioambiente al señalar que infringe la norma "aquel que de manera arbitraria interrumpa el servicio de aprovisionamiento de agua para el consumo de las poblaciones".

"La conducta de estas personas que cortaron el agua a la comunidad paceña se traduce en un concurso de delitos cuya pena mayor es de seis años de cárcel y la menos de dos años, de acuerdo al concurso ideal de delitos puede aumentarse a un tercio de la pena máxima con lo que estaríamos hablando de una sanción de ocho años de presidio para los responsables", explicó la autoridad judicial.

Aseguró que la Fiscalía del Distrito no requiere de una denuncia formal, sino que al conocerse la consumación del hecho debe realizar las acciones inmediatas iniciando las diligencias preliminares y, en cinco días, establecer las responsabilidades e imputar a estas personas demandando las medidas cautelares.

Pero además, Alave aseguró que luego de ser sancionadas en términos penales, los autores del hecho deberán responder en términos económicos luego de realizarse las evaluaciones precisas para determinar hasta qué punto afectó la falta de agua el hospitales, familias, industrias, colegios etc.

ADVERTENCIA LEGISLATIVA

Los diputados Roberto Rojas de (MAS) y la legisladora Elizabeth Reyes de (CN) aseveraron ayer en caso de volver a repetirse el corte de agua por problemas políticos efectuar una demanda a los responsables por vulnerar las disposiciones de la CPE.

"Aunque el conflicto se solucionó el tema es que se vulneró un derecho fundamental como es el agua, por lo que no podemos actuar como observadores al contrario tenemos previsto una reunión con el Alcalde de El Alto para que actué de manera oportuna en la solución de conflictos que vulneran la CPE", enfatizó.

A su vez la diputada por La Paz, Elizabeth Reyes de Convergencia Nacional (CN) expresó la necesidad de presentar precedentes penales como mecanismo de prevención cuando ocurran similares conflictos.

"Con el fin evitar que cualquier atentado contra los servicios públicos sea efectuado ya sea por comunarios o vecinos se debe actuar en el marco de lo que establece la Constitución y el Código Penal, seguramente este aspecto deberá analizarse", mencionó.

http://eldiario.net/noticias/2010/2010_06/nt100625/2_13plt.php