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marzo 09, 2012

Ante la inseguridad, en 4 zonas de El Alto deciden imponer sus reglas

8:11 a. m.


En la zona 16 de Febrero piensan aplicar un 'toque de queda' desde las 21.00 para evitar la presencia de desconocidos; en Santa Rosa hablan de expulsar a peruanos. Los dos sospechosos del asesinato de los periodistas Peñasco fueron presentados en instalaciones del Ministerio de Gobierno. Hay dos prófugos, la Policía investiga. La Ley de reforma del Código Penal refiere que los reincidentes y quienes forman parte de organizaciones criminales no se benefician con medidas sustitutivas a la detención.

La Razón / M. Rivas / W. Farfán / C. Corz / Y. Donoso

03:28 / 09 de marzo de 2012

Tras la captura de dos cogoteros, en un operativo ejecutado en seis zonas de El Alto, vecinos de cuatro de estos barrios advierten con exigir antecedentes policiales a futuros vecinos, hacer rastrillajes para dar con sospechosos y expulsar a ciudadanos peruanos.

Arguyen la falta de control policial y el malestar que generan en ellos las acciones de jueces y fiscales que benefician a los delincuentes con medidas sustitutivas, como la libertad condicional. Por ello, hay quienes amenazan también con linchar a los delincuentes.

La Policía, dos jueces y un criminólogo coinciden que la reacción de los vecinos es "comprensible" ante el panorama de inseguridad que viven, pero alertan de que toda acción de este tipo es ilegal y representa un inminente riesgo para la vulneración de los derechos fundamentales.

En la zona 16 de Febrero (distrito 4), donde la Policía capturó a Félix Yupanqui, alias Matón quitacalzón, acusado del asesinato de los hermanos Verónica y Víctor Hugo Peñasco, un vecino dijo: "No vamos a permitir que circulen extraños; a partir de las nueve de la noche habrá toque de queda y deberán demostrar que viven aquí o que no están cometiendo delito".

Otra vecina, de nombre Ruth, afirmó que se planteó la idea de "exigir a todos los nuevos vecinos antecedentes penales", propuesta que el resto de la gente que se hallaba en el lugar apoyó. Agregó que los propietarios de viviendas "deberán dar garantías por sus inquilinos". El presidente de la junta vecinal, Marcelino Blanco, adelantó que toda propuesta que emerja de las bases será "acatada". Es así que la casa que Yupanqui habitada, ahora servirá de retén; de hecho, en el frontis ya fue pintada la frase "Módulo Policial".

En Santa Rosa (distrito 1), donde cayó el otro cogotero, Adalid Mamani, alias El Botija, un grupo de vecinos se reunió ayer en frente de la casa del imputado y allí deliberó sobre el tema. Uno de ellos manifestó que harán "un rastrillaje para detectar a delincuentes, vamos a conminar a que los peruanos desalojen la zona".

Arguyen que fueron los súbditos de ese país quienes introdujeron nuevas formas de delito y asesinato, como el acogotamiento.

El Alto posee 2.200 efectivos para cerca de un millón de habitantes, distribuidos en 14 distritos sobre 1.042 Km2, según el comandante regional de la Policía, coronel Édgar Carrasco. "Necesitamos al menos 5.000 policías con el equipo correspondiente, uniformes y vehículos para poder cubrir las necesidades de la población", declaró el jefe policial.

Muertes. Entre 2011 y lo que va de este año, unas 80 personas murieron en El Alto a manos de los cogoteros, y entre enero y marzo de 2012, la Policía desbarató cinco bandas de este tipo.

Este medio visitó también la zona 25 de Julio (distrito 4), donde se ejecutó el segundo allanamiento y donde se halló prendas de vestir de presuntas víctimas.

En el lugar, una vivienda fue saqueada y quemada, parcialmente, la noche del miércoles porque en ella vivía la expareja de una de los acusados. Reunidos, en torno al inmueble, hubo vecinos que amenazaron con linchar a todo antisocial que llegue al lugar.

En el barrio Mercado El Carmen (Distrito 5), sector en que la Policía también recogió evidencias de una morada alquilada a un tercer miembro de la banda de cogoteros, pero que aún no fue capturado, vecinos coincidieron en que pedirán antecedentes penales a los nuevos moradores.

Ricardo Maldonado, juez 5° de Instrucción en lo Penal de La Paz, recordó que la población debe someterse al Estado de Derecho. "Cualquier acción de éstas estaría entrando en la ilegalidad, lo que sí pueden hacer es organizarse, pero no prohibir el acceso a la vivienda, a la libre transitabilidad, de lo contrario se estarían vulnerando muchos derechos".

Maldonado pidió a los vecinos reflexionar sobre las consecuencias de las posibles acciones.

Aunque también alertó de estos riesgos, la jueza 4° de Instrucción en lo Penal de La Paz, Margot Pérez, consideró que la población pretende administrar la justicia porque se siente desvalida. "El Estado no le ha respondido al pueblo, no ha cerrado fronteras para capturar delincuentes, no salió a explicar todo lo que está sucediendo en el ámbito de la inseguridad ciudadana", afirmó.

El criminólogo Oswaldo Zegarra aseveró que este tipo de reacción es normal en situaciones de inseguridad ciudadana. "La descarga (de impotencia) va en contra de quienes consideran sospechosos; esto no es justificable desde ningún punto de vista porque (los vecinos) terminan por convertirse en similares, ya que también atentan contra la humanidad de otras personas".

El presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) El Alto, Rubén Paz, aseguró que instruyó a los presidentes de las zonas denunciar "sólo los sospechosos", pero no actuar de manera arbitraria, y "respetar sus vidas".

El coronel Carrasco reprochó toda actitud violenta de la población. "Entendemos el dolor y la bronca, pero esto no es justificable desde ningún punto de vista, la Policía debe actuar de manera coordinada y a través de la Fejuve y el Ministerio de Gobierno".

Mujer y su hija se salvan de ser ajusticiadas por una turba

Una mujer y su hija de 16 años, cuyas identidades se desconocen, lograron huir de una turba que trató de lincharlas al relacionarlas con un delincuente, que aún es buscado por la Policía, y pertenece a la banda de Félix Yupanqui, alias Matón quitacalzón.

Sucedió la noche del miércoles en la zona 25 de Julio, donde un grupo de vecinos destruyó parte del inmueble que la mujer, expareja del antisocial buscado, habitaba junto a su hija.

Vecinos de Mercado El Carmen relataron a La Razón que ambas llegaron luego a esa zona para buscar al sujeto (se cree que vive allí), pero fueron alcanzadas por otras personas que las siguieron desde los barrios 25 de Julio y 16 de Febrero. Una vez en el lugar, la turba destruyó vidrios y saqueó parte de la morada de la actual concubina del antisocial.

Sin embargo, dirigentes y habitantes de Mercado El Carmen condenaron la acción de los vecinos de los otros barrios a quienes explicaron que el edificio pertenecía a otra persona y que la habitación sólo había sido alquilada.

"A la señora (la dueña) la conocemos de hace tiempo, sus hijos crecieron con los nuestros, pero le alquiló piezas a una señora que resultó ser la amante de este señor y que había sido cogotero, no salimos del asombro, lo veíamos caminar por aquí pero nadie tenía idea", señaló doña Ruth.

Esa noche, la agredida y su hija se refugiaron en ese domicilio. Cuando los vecinos de 25 de Julio se marchaban, advirtieron a la gente del lugar que "deben controlar a quiénes alquilan cuartos".

Los acusan de violación y de tener varias identidades

Un día después de haber sido capturados, el Gobierno y la Policía presentaron ayer a los sospechosos del asesinato de dos periodistas y aseguraron que hay elementos probatorios que deben ser analizados en el proceso judicial. Félix Yupanqui, alias el Matón quitacalzón, tenía diferentes identidades, mientras que Adalid Mamani, alias El Botija, fue acusado de violación y asesinato en 2010.

Después de haberse suspendido en tres ocasiones la conferencia de prensa, finalmente a las 20.30 el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el comandante nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Jorge Toro, informaron sobre el operativo que permitió la captura de los delincuentes relacionados con un clan familiar desarticulado y dedicado a acogotar.

La ropa y otros objetos colectados en los allanamientos del miércoles a seis viviendas fueron presentados como elementos probatorios, aunque Romero evitó dar mayores detalles para "no entorpecer las investigaciones".

"Estos elementos probatorios tienen que permitirnos armar este rompecabezas del asesinato de los periodistas, y nosotros como Gobierno nacional, como Ministro de Gobierno, queremos reafirmar nuestra confianza en la Policía", señaló la autoridad.

En cinco zonas de la urbe alteña fue ejecutado el operativo que concluyó con la captura de los dos antisociales. Yupanqui se jactó en una reunión de la violación a una "miss cholita", este dato llegó a Inteligencia de la Policía y permitió cruzar información e identificar a los sospechosos.

El Matón quitacalzón fue identificado como el líder del grupo delictivo. Toro no detalló los antecedentes policiales del detenido, pero señaló que "tiene varios casos" en su contra y que utiliza diferentes identidades en función del grupo con el que se relaciona.

Mamani fue acusado en julio de 2010 por tentativa de asesinato, violación y robo agravado. En noviembre logró su libertad condicional. El abogado de los acusados, Guillermo Llacsa, admitió que sus defendidos tienen antecedentes delictivos, aunque señaló que no representan ningún riesgo para la sociedad.

Añadió que la Policía no presentó ninguna prueba contra sus defendidos que hoy serán llevados a la audiencia de medidas cautelares en la que se definirá si se defienden en libertad o desde prisión de la acusación en su contra.

La conferencia de prensa se extendió por al menos 16 minutos. Romero y Toro no respondieron ninguna pregunta de la prensa.

"Ustedes (periodistas) se preguntarán por qué hemos esperado hasta ahora para presentar a los sospechosos, era para que se desarrolle algunas diligencias del Ministerio Público que pueda facilitar el curso posterior de las investigaciones", explicó el Ministro de Gobierno, quien destacó el trabajo de la institución del orden.

Al menos cinco grupos de cogoteros fueron desarticulados en la urbe alteña, donde en 2011 y en lo que va de este año fueron registrados 80 acogotamientos.

Fueron mostradas prendas de vestir de mujer, prendas intimas con sangre, una chamarra con sangre, sogas, instrumentos punzocortantes, celulares, uniforme de policías y documentos en la conferencia de prensa en instalaciones del Ministerio de Gobierno.

Yupanqui y Mamani  no hablaron cuando fueron presentados. Llacsa adelantó en la mañana que sus clientes se acogerán al derecho al silencio y que "ni se declararían culpables, ni inocentes".

Hay dos prófugos de la organización delictiva que son buscados por uniformados de la Policía. Familiares de las víctimas exigen cadena perpetua para los culpables del asesinato de sus parientes.

Fueron liberados 3.535 presos

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) informó que entre 2010 y 2011 fueron puestos en libertad 3.535 personas que guardaban detención en tres recintos carcelarios del país. Del penal de máxima seguridad de Chonchocoro fueron liberados 30 reos, que hoy se defienden en libertad de las denuncias en su contra.

El director nacional de la fuerza anticrimen, coronel Jorge Toro, detalló que 1.800 presos de la cárcel de San Pedro de La Paz fueron puestos en libertad por decisión de la justicia.

En los recintos penitenciarios están recluidas personas acusadas de delitos como narcotráfico, crimen organizado, contra la propiedad, homicidios, financieros, corrupción pública y trata y tráfico de personas. También guardan detención quienes no pagaron asistencia familiar.

De la cárcel de Chonchocoro salieron con libertad 30 reos. A esta cárcel son remitidos delincuentes de alta peligrosidad.

Toro añadió que del penal cruceño de Palmasola 1.705 personas se defienden en libertad.

Un informe de La Razón de enero da cuenta de que la población carcelaria en 2011 llegó a 11.516 privados de libertad. Las estadísticas de Régimen Penitenciario indican que el 16% cuenta con sentencia ejecutoriada, mientras que el resto, 84%, guarda detención preventiva.

La fuerza anticrimen capturó el 2011 a 1.787 personas vinculados con hechos tipificados en el Código Penal. Esta cifra representa un incremento significativo respecto a 2005, cuando fueron capturados y puestos a disposición fiscal 487 personas.

La información fue proporcionada en la conferencia de prensa en la que fueron presentados los sospechosos del asesinato de dos periodistas en El Alto.

Enjuiciarán a fiscal que vulnere Ley 007

La Fiscalía de La Paz decidió procesar penalmente a los fiscales que no demanden la detención preventiva o no exijan mantener en la cárcel a delincuentes reincidentes. Advirtió que asumirá acciones legales en caso de que los jueces, pese a las pruebas, rechacen el pedido fiscal.     

La fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañíquez, consideró que es  necesario garantizar que los delincuentes prontuariados permanezcan en los recintos penitenciarios. La Ley 007 de reforma del Código Penal, recordó, prevé que no serán beneficiados con libertad condicional quienes, entre otros factores, pertenezcan a asociaciones delictivas o exista "actividad delictiva reiterada o anterior".

El asesinato de dos hermanos y periodistas en El Alto conmocionó a la urbe alteña y desató protestas sociales. El miércoles fueron detenidos Félix Yupanqui, alias Matón quitacalzón, y Adalid Mamani, alias El Botija —ambos con antecedentes policiales— vinculados con el crimen.

"Se aplicará la Ley 007 al fiscal que no aplique estrictamente la ley, es decir, que no pida la detención preventiva de antisociales con antecedentes penales", señaló.

El artículo 174 de la Ley 007 refiere que "el juez o fiscal que concertare la formación de consorcios con uno o varios abogados o policías, o formare parte de ellos, con el objeto de procurarse ventajas económicas ilícitas en detrimento de la sana administración de justicia, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años". Los fiscales, advirtió Yañíquez, también deben impedir que los reincidentes se beneficien con cesación de detención con el objetivo de responder a la demanda de la sociedad de seguridad ciudadana y castigo a antisociales.

El director de la fuerza anticrimen de La Paz, coronel Roberto Campos, explicó que los delincuentes  reincidentes son los más peligrosos para la población.

Ladrones no fueron enterrados vivos

Tras ser golpeados, apedreados y encadenados, los dos supuestos ladrones atrapados en Quila Quila (a 65 Km de Sucre) murieron ahorcados a manos de los comunarios. A esa conclusión llegó el forense, lo que echa por tierra la versión de que hubieran sido enterrados vivos.

Según el reporte pericial, se presume que el deceso de ambos se produjo el día de su detención, el 5 de marzo. El Ministerio Público inició la investigación de los hechos, aun cuando existe un acuerdo por el que se desistía de dar con los responsables del linchamiento, a cambio de entregar los restos de las víctimas.

El fiscal de distrito de Chuquisaca, Weimar Guzmán, dijo a La Razón que el informe forense estableció como causa del fallecimiento de ambas personas asfixia por compresión mecánica, es decir que fueron ahorcados.

Según el peritaje, los cuerpos de los acusados de sustraer reliquias de un templo colonial, presentaban moretones producto de los golpes que recibieron.

Alrededor del cuello se evidenció un circulo equimótico, pero no producido por una soga, sino por otro material mucho más suave. También se hallaron objetos robados y una arma calibre 38 que habría pertenecido a una de las dos víctimas.

"No los enterraron vivos, los sepultaron cuando ya estaban sin vida", afirmó Guzmán y además anunció que las investigaciones del Ministerio Público ya comenzaron la mañana de ayer, pero evitó brindar mayores detalles.

Para recuperar los cuerpos, la Policía, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía se vieron obligados a suscribir un acuerdo con los comunarios por el que se comprometieron a no investigar a  los autores de las muertes y dar con el paradero de un tercer supuesto ladrón que se habría llevado objetos de valor de la iglesia. Ramos confirmó que, pese al acuerdo, las investigaciones fueron iniciadas ayer.

http://www.la-razon.com/ciudades/inseguridad-Alto-deciden-imponer-reglas_0_1574242593.html 

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