La Paz, 4 de Jul. (Boliviapress/Fides).- “El bien común no puede ser decidido por uno cuantos (…)” expresó el dirigente de la IX marcha indígena, Lázaro Tacú en rechazo al acuerdo firmado entre el gobierno y 45 de los corregidores del Territorio indígena en cuestión, donde se respalda la realización de la consulta establecida en la ley 222.



De la misma manera declaró ante  los  micrófonos de FIDES que “el gobierno firmó su sentencia de ser juzgados por incumplimiento de la Constitución de la Política del Estado, (CPE), además unos cuantos corregidores no pueden decidir (…)” concluyó el dirigente.


Ante el rechazo contra el acuerdo firmado en la pasada jornada, la dirigencia de la IX marcha indígena anunció radicalizar acciones para frenar la consulta en el TIPNIS.


Por su parte, la presidenta de la marcha, Bertha Bejarano, informó que en las comunidades se preparan planes de contingencia que impidan la realización de dicha consulta, de la misma forma informó que no “darán un paso atrás” y que la vigilia de la marcha continuará en la ciudad de La Paz, concentrando sus protestas en diferentes puntos de estas ciudad.


La dirigente, les recordó a los corregidores, miembros del CONISUR, que firmaron el acuerdo que no pertenecen al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), porque “se encuentran titulados individualmente y no como Tierra Comunitaria de Origen”, por lo que su firma con el Gobierno no tiene ninguna validez. 


A su vez, expresó “los corregidores que firmaron ese acuerdo han sido comprados por el Gobierno”, denunció que el gobierno estaría comprando a algunos indígenas con motores fuera de borda y otros regalos que serían entregados por el presidente Evo Morales, quien se encontraría ya en el territorio del TIPNIS.


Bejarano aseguró que el acuerdo entre algunos corregidores y el gobierno no de debilita la movilización instalada en la Sede de Gobierno.


Por otro la dirigente indígena expresó que estos mismos corregidores olvidaron que fueron reprimidos violentamente por la policía el pasado 25 de septiembre en Chaparina y es por eso que “se prestaron al juego del Gobierno”.