Una denuncia de  Miguel Poma, vecino de la ciudad de El Alto, confirmó que muchas de las casas de empleo que se instalan en esta urbe no sólo cometen el delito de complicidad con los tratantes de personas, quienes llevan a conciudadanos al exterior, sino que al mismo tiempo estafan al vender a Bs 3 las fichas de los contactos pese a que los mismos ya fueron ocupados por otras personas.

"Yo agradezco la presencia de las autoridades en estas casas de empleo, porque los letreros que tienen de empleo no los retiran cuando ya han sido ocupados por otras personas y siguen vendiendo a Bs 3, cuando nosotros llamamos o el número no funciona simplemente nos dicen ya se ha contratado no hay empleo, es por eso que exigimos sanción por estafa a estas casas que el Municipio no controla", afirmó Poma.

Asimismo, señaló que las empresas o personas que requieren trabajadores, colocan sus anuncios por Bs 20, sin dejar a cambio de dicha publicación, ninguna referencia de nombre completo, numero de carnet de identidad y zona del empleador, dejando que la casa de empleo se convierta en cómplice del delito de trata de personas, pero que no es sancionado por ninguna autoridad del ministerio Público.

El año pasado más de 300 personas, entre niños, adolescentes y mayores fueron víctimas de la trata y tráfico en el país, sin contar muchos casos que no fueron denunciados por temor a represalias, afirmó el director de la Unidad Nacional de Programas Especiales de la Defensoría del Pueblo, Jorge Oporto.

Dichos datos, para el representante del Defensor del Pueblo en El Alto José Luis Hidalgo, podrían ser mayores ante la ausencia de denuncias y datos que definan la salida diaria de bolivianos que migran a otros países.

Cabe recordar también que en la comisión binacional entre Bolivia y Brasil, misma que realizó un recorrido por la ciudad de El Alto, las funcionarias del Defensor del Pueblo incluyeron las denuncias de estafas efectuadas por la ciudadanía en contra de las casas de empleo, lugares que no son controlados y regularizados, tanto por el Municipio que otorga las licencias, ni por el propio Ministerio de Trabajo.

El Diario.