A sesenta y un años de la nacionalización de las minas, ¡Viva el proletariado minero!

Por Víctor Montoya

El 31 de octubre, día de la nacionalización de las minas, es un hito histórico que expresa una de las conquistas alcanzadas por el movimiento obrero boliviano. La expresión: “¡Minas al Estado y Tierras al Indio!”, es una realidad que se plasma en el itinerario de la lucha revolucionaria de un pueblo que, al margen de las concepciones del nacionalismo pequeño burguesas, lucha con firmeza por conquistar los planteamientos trazados por la “Tesis de Pulacayo” en 1946.

La nacionalización de las minas, cuyo decreto se firmó en el campo María Barzola de la población de Catavi, el 31 de octubre de 1952, no es otra cosa que la manifestación de un movimiento obrero que se siente dueño de las minas, donde los trabajadores del subsuelo dejan sus pulmones destrozados por la silicosis; es más, las minas explotadas por el grupo Patiño, Hoschild y Aramayo, que jamás beneficiaron al pueblo, fueron instrumentos de la dominación imperialista.

Aunque la Central Obrera Boliviana (COB) se pronunció en favor de una nacionalización de minas sin indemnización y bajo control obrero, el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)  no cumplió con el mandato de las bases y acabó entregando los recursos naturales a los consorcios transnacionales, que siguieron saqueando las materias primas de un país que parecía “un mendigo sentado en una silla de oro”.

Ya sabemos que, por los datos que registra la historia oficial, el 13 de mayo de 1952 se designó la comisión para que estudiara el problema en 120 días. El 2 de julio se decretó el monopolio de la exportación de minerales. El 2 de octubre de 1952 se creó la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), como entidad autónoma y con un directorio de siete personas (dos elegidos de la terna presentada por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia). Atribuciones: explorar, explotar y beneficiar los minerales de los yacimientos que se le asignen... “El 7 de octubre de 1952 se procedió a la intervención de las empresas Patiño, Hochschild y Aramayo, con carácter de control o gestión directa”. El 7 de julio de 1956, el gobierno aclara que la nacionalización comprende todos los desmontes, escorias y relaves de las minas que estuvieron en manos de la gran minería.

En la actualidad, la pregunta obligada es saber si el Decreto de la nacionalización de las minas fue una conquista a favor del pueblo. A sesenta y un años de la firma de ese histórico documento, llegamos a la conclusión de que nosotros teníamos la vaca, pero eran otros los que seguían mamando la leche. Es decir, no nos desprendimos completamente de los látigos del imperialismo, que siguió haciendo uso y abuso de nuestros recursos naturales.

Los escritores, de un modo consciente o inconsciente, nos identificamos con ese proceso histórico, aunque no logramos plasmar en letras de molde la “gran novela minera”, que refleje los triunfos y las derrotas del proletariado minero que fue, desde principios del siglo XX, la vanguardia de un proceso revolucionario que exigía más justicia social y mejores condiciones de vida.

A sesenta y un años de la nacionalización de las minas, seguimos en las mismas trincheras de lucha, decididos a acabar, de una vez y para siempre, con los consorcios transnacionales que nos tienen atados de pies y manos.  Es obligación del gobierno boliviano, elegido por consenso, reactualizar la nacionalización de las minas, en aras de una nación más digna y dueña de sus riquezas naturales.

Los intelectuales, que nos debemos a un país en vías de desarrollo, estamos en el deber de expresar, a través de nuestras obras, la realidad de un país que pugna por conquistar no sólo su soberanía nacional, sino también el derecho de ser los dueños absolutos de las riquezas minerales que nos provee la Pachamama.

Los obreros de las minas, que son los artífices de la nación en vías de cambio, han pagado con sus vidas el alto costo de un país que merece vivir en armonía y justicia social. No fue en vano la masacre de Uncía en 1923, la masacre de Catavi en 1945 y la masacre de la Noche de San Juan en 1967.  Toda esta sangre vertida por los obreros es la expresión de un pueblo que no está dispuesto a someterse a los designios del imperialismo; al contrario, la  sangre de los mineros nos recuerda que no hay justicia social y que todavía se atropellan los derechos más elementales de los seres humanos.

Los escritores, lejos de las veleidades pequeño burguesas, estamos en el deber ineludible de forjar una literatura anclada en la realidad de los mineros, porque ellos son los grandes personajes que dignifican a una nación eminentemente revolucionaria. Los mineros, a sesenta y un años de la nacionalización de las mimas, siguen iluminando el sendero por donde tenemos que avanzar para conquistar un país donde reinen los derechos y las responsabilidades.
   
Los escritores, que hemos bebido de las fuentes del movimiento minero para crear nuestras obras, le debemos un agradecimiento eterno a este sector del proletariado nacional que, sin saberlo o sin quererlo, ha sido carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. Por nuestras venas creativas circulan las enseñanzas de un proletariado capaz de enfrentarse, con el coraje en la voz y la dinamita en la mano, contra los dueños  del poder que no respetan su historia ni su legado.

Esperemos que la conmemoración de los sesenta y un años de la nacionalización de las minas, con sus virtudes y defectos, sea una fecha para reflexionar sobre los avances y los retrocesos de una lucha que el movimiento obrero sostuvo desde la creación de la gran industria minera, que estableció un sistema de producción  capitalista y un proletariado dispuesto a conquistar, con alma, vida y corazón, una nación que dignifique a todos los bolivianos y bolivianas.
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