Freddy Barrgán / Página Siete. Los gremiales marcharon el lunes, de El Alto a La Paz.
Página Siete / El AltoLa comuna alteña iniciará la emisión de certificados de inamovilidad de puestos de venta autorizados, tal como lo estipula la Ley Municipal 291, informó la alcaldesa Soledad Chapetón. Una marcha, encabezada por el exdirigente Braulio Rocha, denunció que la norma "relocalizará" a los gremiales.
"Hemos escuchado muchas mentiras sobre la nueva normativa. Por eso, junto a la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico se van a legalizar todas las ordenanzas municipales referidas al sector gremial para entregar esta certificación a los puestos de venta que tengan legalidad", declaró Chapetón ayer, en conferencia de prensa.
Agregó que los puestos comerciales autorizados serán respetados con sus respectivas categorizaciones. De acuerdo a su ubicación en la urbe, los gremialistas deben pagar patentes de 20, 13 y seis bolivianos directamente a la Alcaldía de El Alto.
El título de inamovilidad será conferido desde los próximos días por la Unidad de Ferias de El Alto a las asociaciones gremiales que cuenten con la documentación necesaria de sus afiliados.
"Hemos llegado a la Alcaldía para entregar a la población, en sus manos, todo nuestro trabajo que es en beneficio y bienestar de nuestra ciudad. Por eso, esta Ley Municipal (291) responde a las solicitudes del sector gremial que ha pedido que estos trámites se hagan sin amedrentamientos", aseguró la alcaldesa.
La Ley Municipal 291, promulgada el 31 de agosto, anula un convenio firmado hace 10 años entre la comuna y la dirigencia gremial. Ese acuerdo facultaba la administración del 50% a la federación, encabezada desde entonces por Braulio Rocha.
"Se ha hecho una revisión de ese documento que vulneraba la misma Constitución Política del Estado, que obliga a las instituciones públicas a trabajar sin monopolio con todas las organizaciones. Además, la Ley de Municipalidades nos da la obligación de hacer este cobro de manera directa", expuso Chapetón.
La medida es apoyada por la nueva dirigencia gremial , liderada por Hilda Quispe, que exige una auditoría de la gestión Rocha. El exdirigente, por su parte, pide la abrogación de la ley edil.
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