A doce años de la denominada "Guerra del Gas", familiares y víctimas de dicho proceso social demandan una renta vitalicia ante el abandono y desatención de las actuales autoridades de Gobierno.

Valentín Alarico es el padre de una persona que falleció cuando un contingente de militares pasaba por la avenida 6 de Marzo con la finalidad de despejar la vía que fue obstaculizada por más de una semana en el mes de octubre del 2003. El entrevistado comentó que la muerte de su hijo ocurrió como consecuencia de que los militares dispararon a quemarropa a diferentes grupos de personas que se concentraban en la vía bajo el argumento de que debían despejar la ruta.

A la fecha, más de 70 familiares de las personas fallecidas como consecuencia de la denominada "Guerra del Gas" y más de 100 heridos o familiares de ellos, demandan una renta vitalicia por tercer año, ante la desatención por parte del Gobierno.

PROCESO

Por otra parte, el abogado de la defensa de las víctimas de Octubre 2003, Rogelio Mayta, afirmó que el gobierno norteamericano continúa protegiendo a las exautoridades bolivianas impactadas en estos hechos, como Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín. Por el momento, está paralizada una apelación y debemos recordar que la extradición se convierte más complicada luego de un juicio civil en contra de las principales exautoridades de Bolivia en ese país.

"Por lo tanto, estamos en la etapa previa a la fase de descubrimiento, como se lo denomina en EEUU, luego de que ambas autoridades mencionadas presentaran una apelación para frenar el proceso y por el momento estamos pendientes de esa fase por parte del Tribunal de Apelación de Miami. Se ha realizado muchos esfuerzos por conseguir justicia, pero dos años después continúa la impunidad, mientras la convicción de seguir buscando justicia se mantiene", explicó.

Este 12 de octubre, tanto para el abogado de la defensa así como para las familias de las víctimas de la "Guerra del GAS", se renovó esa demanda y plantean que dichos hechos no deben volver y la forma de prevenir es seguir con el proceso de justicia.

Para Mayta y las familias de las víctimas, a 12 años de la masacre de mujeres, hombres y niños alteños, las actuales autoridades gubernamentales dejaron de acordarse de ellos abandonando su presencia en los actos donde sólo quedaron las víctimas quienes son los únicos que recuerdan los hechos de octubre.

"Esta hechos no sólo son olvidados por las autoridades sino van quedando en la impunidad, razón por la que estas familias piden que estos hechos no se vuelvan a repetir porque se puede olvidar la muerte de varias personas, pero no se debe olvidar quienes los mataron y por qué fueron masacrados, para dejar un sistema político que mantenía la pobreza de nuestro pueblo mientras las grandes trasnacionales se quedaban en el país", concluyó.

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