Bolivia Aguas del Illimani Audiroia El Alto

La consultora halló causales para rescindir el contrato con Aguas del Illimani
Auditoría revela que AISA no cumplió metas e invirtió poco
		Presiones: en enero de 2005 AISA fue forzada a proteger sus instalaciones debido a las protestas vecinales
Juan René Castellón Los resultados de la auditoría elaborada por la consultora Pozo & Asociados C.P.A. S.R.L. a la empresa Aguas del Illimani avalan las demandas que en enero de 2005 derivaron en una intensa movilización de los vecinos de la ciudad de El Alto. El trabajo fue concluido a fines de mayo de este año, cuando remitió el documento a la Superintendencia de Saneamiento Básico (Sisab). El texto ofrece revelaciones de magnitud. Cuestiona las inversiones publicitadas por AISA, asegura que la compañía incumplió las metas de expansión, que sólo destinó 11,3 millones de dólares y que cobraba tarifas altas porque empleaba esos montos para hacer inversiones, entre otros aspectos. Pozo & Asociados concluye que hay causales de resolución del contrato y que AISA debía ser multada con sumas millonarias, pero que Sisab no ejecutó. El documento señala que la compañía, dominada por la francesa Suez-Lyonnaise Des Eaux (55,46% del paquete accionario), invirtió en los más de nueve años de estadía en Bolivia sólo 11,3 millones de dólares. "De un análisis de carácter técnico-financiero se puede concluir que la presencia del operador (AISA) se limita a la gestión del servicio y de manera muy limitada a la inversión propia de capital que es la finalidad perseguida por la concesión de los servicios básicos de operadores privados para permitir al Estado convertirse en regulador". El cuadro "Origen y aplicación de los recursos" indica que 58,2 millones de dólares (48,5% de los fondos manejados por la empresa) provienen de préstamos, como del Banco Interamericano de Desarrollo o la Corporación Andina de Fomento. Además, 45,3 millones de dólares (37,8%) salieron de las mismas operaciones, es decir, de cobros por tarifas y conexiones, o sea, de los bolsillos de los usuarios. Otros 5 millones de dólares (4,3%) fueron de la emisión de bonos, financiamiento a través de la bolsa de valores y, finalmente, sólo el 9,4% (11,3 millones de dólares) salió de las arcas de AISA, como aportes de capital. Esos 120 millones de dólares fueron utilizados en: construcción y activo fijo (conexiones, tendido de tuberías, infraestructura) 60,4 millones de dólares (54%); amortización de préstamos (pago de la deuda) 47,6 millones (39,7%); pago de beneficios sociales 4,9 millones (4,1%), y varios 4,9 millones (4,1%). Lo llamativo es que 45,3 millones provienen tanto de las tarifas como de los "derechos de conexión": 180 dólares para el alcantarillado y 155 para el agua. Ese concepto, de acuerdo con el anexo 10 del contrato, sólo es visto como un ingreso, pero no diferencia el origen de fondos. La falencia permite a AISA estipularla como inversión neta, cuando en realidad ese dinero no salió de sus bolsillos, sino de los usuarios. "El análisis económico del modelo de revisión de precios y tarifas demuestra que el derecho de conexión sustenta las inversiones del concesionario". Así se explica por qué las tarifas se mantuvieron indexadas al dólar y por qué los "derechos de conexión" eran tan elevados. Pozo & Asociados no sólo muestra la baja inversión propia de AISA, sino que pone en cuestión los más de 60 millones de dólares reportados por ella, al 31 de diciembre de 2005, como "importe a activos fijo", es decir, instalaciones permanentes. El documento revela que "AISA no registró de forma separada los bienes transferidos de SAMAPA, lo que no permite establecer el monto de inversión efectuado por SAMAPA y por la propia empresa". "La confirmación de SAMAPA tampoco es completa y no proporciona mayor información sobre los montos transferidos". Informa que no ha podido "identificar el comprobante contable de 395 obras", que detectó "carencia de información relevante en los procesos de contratación de consultorías, aspecto que no permite relacionar las mismas con las inversiones". Critica el hecho de que la compañía quiera considerar "reparaciones de deficiencias efectuadas en compactación" como inversión. Y concluye que "esta serie de deficiencias de información y documentación" vulnera el anexo 11 del Contrato de Concesión. El Ministerio del Agua y AISA negocian el monto que recibirá la empresa para marcharse, como lo pidieron los alteños.
Miles de conexiones no fueron realizadas
Pozo & Asociados no sólo detecta problemas en las inversiones, también asevera que AISA "no cumplió las metas de expansión establecidas" ni para el primer ni segundo quinquenios. En el primero (agosto 1997 a diciembre de 2001) falló en las conexiones de agua potable para la ciudad de El Alto. De las 71.752 prometidas, sólo instaló 52.764, con lo que alcanzó el 73,54% de lo comprometido. En el caso del alcantarillado, no conectó 2.530 servicios en los sistemas de Achachicala y Pampahasi de La Paz. Según el informe, en muchas de las instalaciones AISA usó a los vecinos bajo el concepto de "obras con participación vecinal y obras condominiales", sin cuyo aporte los incumplimientos hubiesen llegado a 35,3% en agua y 32,8% en alcantarillado en ambas urbes. No obstante, Sisab definió nuevas metas de expansión para el segundo quinquenio (enero de 2002 y diciembre de 2006) "sin elementos de juicio que le permitan valorar si evidentemente había alcanzado el 100%". En la segunda etapa la compañía transnacional cumplió las metas a destiempo. Las irregularidades no sólo son factores para el cobro de multas millonarias, sino para la resolución del contrato. "La cláusula 26.2 del Contrato de Concesión señala que las causales de caducidad, una forma extraordinaria de la terminación del contrato, son las infracciones o los incumplimientos". Se puede argumentar que AISA incurrió en un "incumplimiento superior al 25% en las metas de expansión de agua potable en el área de El Alto", según Pozo & Asociados. Una de las principales conclusiones de este estudio es que "las cifras de rentabilidad (15,1%) muestran que con las actuales tarifas y precios se generan excedentes económicos muy importantes", que pueden hacer sostenible esta empresa bajo cualquier modalidad de administración.
La movilización alteña de enero de 2005
Entre el 10 y 13 de enero de 2005, una huelga indefinida con bloqueo de caminos en la ciudad de El Alto logró la decisión gubernamental de rescindir el contrato con la transnacional Aguas del Illimani (AISA). En aquella ocasión los alteños paralizaron actividades para exigir la salida de AISA con dos argumentos: los precios de conexión tanto de agua como alcantarillado eran muy elevados, y pese a ello muchas zonas estaban condenadas a no contar con el servicio, debido a las metas de conexión que no abarcaban a toda esa ciudad. El paro fue contundente, y el presidente de entonces, Carlos Mesa, tuvo que aceptar la salida de la empresa. De esa manera promulgó el Decreto 27965 que instruye a la Sisab "proceder a la revisión del Contrato de Concesión en sus aspectos legales, técnicos y financieros".
APUNTES
El contrato con AISA fue firmado el 24 de julio de 1997 por un lapso de 30 años. La principal accionista de Aguas del Illimani es Suez-Lyonnaise Des Eaux. Tiene la obligación de dar agua y alcantarillado a las ciudades de El Alto y La Paz. Desde fines de 2004 las organizaciones vecinales alteñas exigieron su salida. Dicha compañía también afrontó serios problemas en la ciudad de Buenos Aires.

http://www.laprensa.com.bo/hoy/ciudad/ciudad01.htm