 Sucesos de septiembre y octubre de 2003 causaron el deceso de más de 60 personas y centenares de heridos. |
Sucre, (ANF).- Los acusados dentro del juicio de responsabilidades por el caso "Octubre Negro" concluyeron ayer con la fase de presentación de incidentes y excepciones, en la que coincidieron en solicitar la extinción por duración máxima del proceso.
Los abogados de los ex jefes militares Alberto Aranda y Juan Véliz, al igual que otros miembros de la defensa, argumentaron que el proceso contra sus defendidos ya duró "cinco años, siete meses y cinco días", al recordar que la norma establece una duración máxima de tres años.
El también abogado defensor de estos acusados, Erick Seifert, señaló que además de haber planteado la extinción del juicio, también presentó un memorial pidiendo la prescripción de la causa, además de otro recurso por falta de acción y legitimación activa y pasiva.
También reiteró que en las fechas de ocurridos los hechos, sus defendidos acataron una orden "que vino del Presidente" (Gonzalo Sánchez de Lozada), que –explicó- fue la base para la emisión de una serie de directivas "que no han sido declaradas inconstitucionales" por el Tribunal Constitucional.
Por su parte, la Fiscalía restó importancia a los pedidos de extinción de la causa presentados por la totalidad de los acusados, y sostuvo, mediante el fiscal de Recursos, Milton Mendoza, que esos pedidos serán respondidos cuando sea el turno del Ministerio Público
No obstante, Mendoza señaló que lo importante de esta etapa es que la defensa de los ex mandos militares fue coincidente en señalar el origen de las órdenes para intervenir militarmente los disturbios de septiembre y octubre de 2003.
Por su parte, el abogado de las víctimas de "Octubre Negro", Rogelio Mayta, expresó su preocupación por los argumentos presentados por la defensa de los acusados, al indicar que estos pedidos "en alguna medida pueden determinar que ya no haya más proceso y más juicio".
Asimismo, las víctimas solicitaron formalmente al Tribunal trasladar las declaraciones de los testigos a la ciudad de El Alto, arguyendo que una mayoría de los afectados por esos hechos no cuentan con recursos suficientes para trasladarse a la ciudad de Sucre.
(Fuente El Diario 30-julio-2009)
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