El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, anunció ayer la presentación
de querellas en contra de dos administradoras de justicia de El Alto
que liberaron a peligrosos antisociales.
"Nos ha llegado información altamente preocupante sobre el rol de
algunos jueces y fiscales que están promoviendo la libertad de
peligrosos delincuentes", manifestó.
En los últimos días, dos juezas de la ciudad de El Alto, cada una a su
turno, dejaron en libertad a un grupo de antisociales reincidentes.
Se trata de la jueza tercera de Instrucción en lo Penal, Karina Varea
Márquez, que dispuso la libertad de un grupo de delincuentes que
fueron encontrados in fraganti en la comisión del delito. El
Ministerio de Gobierno ya presentó una querella en contra de esta
autoridad.
El segundo caso tiene que ver con la jueza segunda de Instrucción en
lo Penal, Jenny Prado, quien también dejó libre a otro grupo de
antisociales; contra ella se alista una querella. "Se trata en muchos
casos de delincuentes atrapados en flagrancia y con armas de grueso
calibre; esta clase de personas luego son puestas en libertad por este
tipo de jueces y fiscales", explicó Llorenti.
En criterio de la autoridad estatal, no es posible que el trabajo de
la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y la Policía
Boliviana en su conjunto se vea menguado por malos jueces y fiscales.
"Ponen en libertad a estas personas y luego tienen que ser
recapturadas por la Policía, poniendo en una mayor indefensión a la
ciudadanía".
Llorenti anunció una próxima reunión con el presidente de la Corte de
Distrito de La Paz, William Alave, para tratar sobre el trabajo de
jueces y ver mecanismos que impidan dejar en libertad a delincuentes
peligrosos.
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