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Las víctimas denunciaron que las familias que entran a su propiedad dividen el terreno en parcelas para posteriormente inscribirlas como suyas en municipios aledaños, esto debido al problema de límites por el que atraviesa el país.
Ángel Blanco, representante de un grupo de víctimas de avasallamientos de tierras en la ciudad de El Alto, anunció que se identificó a algunos abogados que estarían prestando sus servicios para que los verdaderos dueños de estos lotes no puedan recuperarlos, por este motivo solicitó sean investigados por entidades de transparencia.
En consideración del entrevistado, los avasalladores y loteadores habrían encontrado "un medio de vida con el cual están ocupando terrenos en diferentes zonas usando la integración de grupos de choque que llegan a las zonas alejadas gracias al transporte de vehículos particulares, en su mayoría minibuses. Quienes cometen delitos contra la propiedad privada, tienen como sus gestores a equipos de abogados, siendo ellos los que operan en las instancias legales como la Fiscalía, Derechos Reales y ante el propio municipio de El Alto", explicó.
Según las denuncias de las víctimas, quienes tuvieron que invertir los ahorros de su vida o el dinero de su jubilación para adquirir un inmueble en estas zonas, las familias avasalladoras llegan con palos, piedras, dinamitas y hasta armas de fuego, poniendo en riesgo la vida de los propietarios.
"Incluso nosotros hemos sido testigos de que después de que avasallan 10 o más hectáreas las mismas no se mantienen a nombre de una persona, es parcelada entre varios e inscrita en derechos reales o en los municipios fronterizos por irregularidades de los límites, razón por la cual el proceso de recuperar dichos lotes es una odisea de más de mil y una noches", afirmó Blanco.
Añadió que la defensa de esos lotes avasallados y vendidos a otros propietarios es realizada con la complicidad de abogados que trabajan como un consorcio, junto con algunos funcionarios públicos de la Fiscalía, razón por la cual representantes de cerca a 35 familias exigieron que la ministra de Transparencia, Nardy Suxo, investigue a los abogados que están comprometidos con la inscripción, registro y defensa de lotes avasallados.
"En resumen son modos de operar, donde las hectáreas no son sólo ocupadas, sino parceladas e inscritas en otras jurisdicciones, siendo imposible su recuperación plena por los verdaderos propietarios, pero estos grupos que asumen la acción de dueños reales y no legales, tienen como actores principales a quienes no se los ve, abogados que se prestan a la vulneración de la CPE y de las leyes locales, quienes incluso ante su falta de ética buscan trabajar para las dos partes confrontadas con la única finalidad de ser quienes siempre ganen mientras que propietarios y avasalladores se encuentran años en litigio", lamentó.
El representante dio como un ejemplo la propiedad registrada a nombre de Mario Patiño, cuya parcelación de los lotes, hace 15 años, se mantiene en constantes litigios por nuevos y antiguos supuestos propietarios. En un principio el lote costaba 250 dólares el 2001 mientras que ahora su valor supera los 2.000 dólares por cada uno.
"Los abogados son los malos asesores, ellos se prestan a esas ilegalidades. Ese sector no es investigado por ninguna instancia es por eso que proponemos que la ministra Suxo llegue a crear una dirección que investigue la transparencia y ética de los abogados que están por detrás de loteadores y avasalladores. Allá los abogados, incluso, llegan a desconocer resoluciones de la propia Corte Superior de Justicia con el argumento que están peleando por mejor derecho, luego de juicios de más de 10 a 15 años", manifestó Blanco.
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