La Federación Andina 1° de Mayo de Choferes de El Alto frenó el tratamiento de la Ley Municipal de Transporte, porque rechaza una veintena de puntos incluidos en ella, como el control social, la licitación del servicio, la aprobación concejal de las tarifas, entre otros.
El director especial de Movilidad Urbana y Transporte, Carlos Lima, reveló las demandas de los transportistas, muchas de las cuales son rechazadas por la Alcaldía. Dijo que son 20 artículos los observados del proyecto de ley, que debió ser tratado por el Concejo Municipal el viernes, pero que fue relegado hasta nuevo aviso debido a la presión de los conductores.
"Se propuso, por ejemplo, que la autorización de los operadores sea otorgada mediante una licitación, pero se opusieron a ello porque temen que existan suspensiones ante un posible mal servicio y que incursione la competencia de empresas privadas. Ellos son prácticamente privados y están anticipando que van a hacer un mal servicio", indicó Lima.
La autoridad edil añadió que los choferes observaron la propuesta en el punto en el que se especifica que no debe existir monopolios en las rutas de los sindicatos. "Plantean una coordinación con los operadores autorizados".
El artículo 5 del proyecto de ley contempla la creación del control social del servicio. Los transportistas rechazan que ese mecanismo participe en las políticas públicas y en el comité multidisciplinario del sector. El artículo 7 del documento prevé la autorización del transporte libre vecinal y cooperativizado, pero los sindicalizados se oponen.
Anticoncejo. Un punto llamativo es la oposición de este sector a que los reglamentos sean aprobados por el Concejo Municipal, pues ésta es una de sus funciones legales. El proyecto de ley indica sentencias en contra del trameaje, pero los conductores quieren que se elimine esa palabra, que para el Director de Movilidad Urbana no es posible porque es una realidad. Tampoco aceptan que las nuevas tarifas del transporte sean aprobadas por ese ente legislativo.
La Alcaldía propuso en el artículo 11 la convocatoria a licitaciones públicas de las rutas del servicio de transporte. Y en su línea de oposición, los sindicalizados de El Alto no la aceptan porque "temen posibles suspensiones por un mal servicio".
A la lista de negativas se suman: no a las sanciones económicas, no al trato preferencial a pobladores rurales, a estudiantes de inicial, primaria, secundaria ni universitarios, entre otros puntos. El Ejecutivo municipal y los choferes se reunieron entre febrero y marzo en 11 ocasiones, y además otros cinco encuentros fueron suspendidos.
Los choferes se hicieron presentes en la sesión del viernes del Concejo Municipal y presionaron para que este documento no sea tratado. El dirigente Ismael Fernández dijo que en ese texto no habían sido incorporados todos los puntos observados por su sector. A lo que el Director de Movilidad Urbana respondió que efectivamente algunos puntos no fueron introducidos porque la Alcaldía no podía aceptarlos.
Empero, el Concejo dio un paso atrás y decidió postergar el tratamiento del proyecto de ley, que está retrasando la aplicación de las nuevas tarifas del transporte, la creación de las guardias viales municipales y la implementación de un área de restricción vehicular.
Ayer, el alcalde de El Alto, Édgar Patana, anunció que buscará un encuentro con los choferes para limar las diferencias y admitió que la norma en cuestión no fue lo suficientemente socializada. "Admitir que hay fallas es de hidalgos, pero no nos vamos a quedar con eso, lo que debemos hacer es seguir adelante y tratar de beneficiar a los vecinos que son los que están, al igual que nosotros, preocupados".
Aseguró, además, que invitará a todos los sectores para llegar a un acuerdo que beneficie al conjunto y que excluya los intereses de un solo sector. "Necesitamos conocer la postura de todos, ya tenemos sus propuestas, ahora debemos cruzar esa información y saber las conclusiones", sostuvo la autoridad.
"Ya lo dijimos, vamos a intentar dialogar, coordinar y sacar conclusiones; en caso de que algunos sectores se opongan a este proceso, vamos a aplicar lo que a la mayoría le conviene", indicó Patana. El tratamiento y aprobación de este documento se retrasa desde el año pasado.
Fejuve presiona por la norma
La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) se molestó por la actitud del Concejo Municipal y del Ejecutivo, que aceptaron postergar una vez más el tratamiento de la Ley del Transporte y por tanto la aplicación de las nuevas tarifas. De modo que ayer, su ejecutivo, Javier Ajno, dio a las autoridades municipales un plazo hasta el fin de semana para que se apruebe la nueva escala de pasajes. "Las nuevas tarifas deben entran en vigencia desde el lunes porque el descontrol de los choferes ha crecido", sentenció el presidente de la Fejuve.
Dijo que en caso contrario, esta organización asumirá medidas de presión para dar curso a la Ley del Transporte, documento que también fue consensuado con esta organización. Los transportistas sindicalizados frenaron, además, la socialización del plan de restricción vehicular que tiene la finalidad de aliviar el congestionamiento vehicular de la Ceja de El Alto.
El programa debió hacerse público el lunes, pero quedó suspendido, inicialmente, por una semana, según el director de Movilidad Urbana de la municipalidad, Carlos Lima. También quedó en suspenso la convocatoria de 200 jóvenes para la creación de la guardia municipal vial, debido al rechazo de los transportistas que impusieron el trameaje en sus rutas.
Fuente: La Razón.
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