El representante del Defensor del Pueblo en El Alto, José Luis Hidalgo, advirtió que se iniciará una investigación ante supuestos casos de discriminación que se estarían presentando en la Policía Boliviana, al evitar que más de seis funcionarios policiales no cumplan sus labores como agregados policiales en las embajadas que tiene Bolivia en el exterior.
"Estamos recabando la documentación pertinente que requerimos, ante las observaciones presentadas por dirigentes vecinales de la ciudad de El Alto y de La Paz, quienes han observado esa irregularidad, porque se registran alrededor de 120 funcionarios policiales a disposición de los cuales se incluyen a quienes fueron aceptados como agregados policiales en el extranjero, los mismos que estarían siete meses siendo perjudicados y discriminados", expresó la autoridad.
Cabe recordar que el 17 de octubre del 2012, el ahora excomandante General de La Policía Boliviana, coronel Víctor Maldonado, confirmó la democratización de las tareas y designaciones al interior de la institución policial permitiendo el envío de seis agregados policiales como auxiliares en las embajadas de Bolivia en el extranjero.
Desde dicha fecha, a este tiempo ese anuncio, luego del cambio de comandantes generales, nunca se concretó lo especificado, dejando en statu quo esa designación y los respectivos memorándums que fueron firmados, incrementando la nómina de oficiales y policías puestos a disposición en la actual gestión del Comando General.
La Ley Orgánica de la Policía del 8 de abril de 1985, en el título IV de las Relaciones Internacionales, Agregaduras Policiales, correspondiente al artículo 107 establece: "Se designarán agregados policiales en misiones diplomáticas en el marco del principio internacional de reciprocidad y de acuerdo a las necesidades del país". Las cuales ya fueron designadas mediante memorándum en la anterior gestión del coronel Maldonado, pero fueron detenidas en la actual gestión.
Para el representante del Defensor del Pueblo, con estas acciones, se registran indicios de discriminación, tomando en cuenta que la Ley contra el racismo y toda forma de discriminación en su principal concepto establece que este delito se presenta con "toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad (…)".
Además, en el artículo 281 de la mencionada ley, se establece como delito de discriminación: "La persona que arbitrariamente e ilegalmente obstruya, restrinja, menoscabe, impida o anule el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, por motivos de sexo, edad, género, orientación sexual e identidad de género, identidad cultural, filiación familiar, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, opinión política o filosófica, estado civil, condición económica o social, enfermedad, tipo de ocupación, grado de instrucción, capacidades diferentes o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia regional, apariencia física y vestimenta, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a cinco años".
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