La Unidad de Gestión y Evaluación Financiera de la Gobernación de La Paz detectó movimientos económicos sin justificación en el Comité de Vigilancia de El Alto que alcanzan a 234 mil bolivianos, por lo que determinó congelar sus cuentas.
Esta unidad observó el informe presentado por el Comité de Vigilancia del primer semestre de 2012. Son dos puntos los irregulares. Primero, un gasto considerado excesivo de 157 mil bolivianos en llamadas telefónicas, y segundo facturas presentadas con montos sin especificar en qué fueron utilizados. La cifra en cuestión llega a 77 mil bolivianos, detalló el encargado de Manejo, Administración y Jurisdicción de Control de la Gobernación, Felman Hidalgo.
Cuando la Gobernación encontró las irregularidades y pidió explicaciones al Comité de Vigilancia, entonces presidido por Johnny Morales, éste devolvió 70 mil bolivianos, supuestamente mal descargados por la secretaria de esa institución y referidos a los gastos telefónicos observados.
Pero la investigación acerca del dinero cuestionado continúa hasta la fecha, los fondos de esa organización de control siguen congelados y esta entidad aún no entregó sus descargos, los cuales son aguardados por la Gobernación para una posible rehabilitación de fondos, según Hidalgo. Aunque el cuestionado Morales aseguró que se presentaron los informes. Pero la Gobernación dice lo contrario.
Esta organización de vecinos creada para fiscalizar las acciones y el presupuesto de la Alcaldía recibe anualmente un millón de bolivianos, unos 88 mil bolivianos mensuales. Este dinero no puede ser utilizado dispendiosamente, sino en actividades definidas de manera específica como combustible, capacitaciones, llamadas telefónicas, inspecciones, inauguraciones, reuniones y otras actividades propias de la fiscalización.
A las dos observaciones al manejo financiero, se sumó el proceso judicial por malversación de fondos seguido por el Comité de Vigilancia a su expresidente, de la gestión 2008, Néstor Estaca, para que la Gobernación decida solicitar a la Alcaldía la suspensión de las cuentas de esta entidad.
El proceso judicial en contra de Estaca continúa y fue motivado por un daño económico de 114 mil bolivianos, que supuestamente extrajo de forma irregular este exrepresentante.
De la gestión 2012, 432 mil bolivianos fueron detenidos por las autoridades. Los fondos de 2013 tampoco están siendo erogados al Comité. En 2010, esta entidad también tuvo el mismo problema y en los dos semestres, es decir que en ninguno hubo una presentación de informes. En 2011 los descargos fueron aceptados y no se tuvo problemas.
La oficial Mayor Administrativa Financiera de la Alcaldía, Beatriz Aruquipa, manifestó que las cuentas seguirán en statu quo mientras no haya un pronunciamiento de la Gobernación.
Los juicios por desfalco deben ser iniciados por los nuevos presidentes
No existe un proceso sancionatorio establecido ni reglamentado para castigar el mal manejo de los fondos financieros que disponen los comités de vigilancia, de acuerdo con Milko Calcina Rojas, titular de la Unidad de Gestión y Evaluación Financiera de la Gobernación de La Paz.
“Son las nuevas directivas de los comités las que realizan el control, ellas deben llevar adelante acciones judiciales en caso de que se detecten casos irregulares.
Lo que hace la Gobernación como medida coercitiva es la congelación de cuentas”, informó Calcina.
También admitió que la devolución de los montos observados no implican la aceptación de culpa alguna, ni desfalco ni malversación de fondos. Dijo que ese acto es considerado como “subsanación de los informes”. Tal es el caso de las irregularidades detectadas en el manejo financiero del primer semestre de 2012 en el Comité de Vigilancia de El Alto. Sus representantes devolvieron 70 mil bolivianos, cuando la Gobernación halló un gasto excesivo en las llamadas telefónicas de la institución.
De acuerdo con la Gobernación, iniciar un proceso sancionatorio por desfalco de dinero está bajo la voluntad de las nuevas autoridades de esta institución, como pasó en 2012 cuando el presidente Richard Quispe decidió procesar a Néstor Estaca, titular de 2008. Pero no ocurrió lo mismo con otros representantes observados.
El juicio se inició en 2012 por la malversación de 114 mil bolivianos
El proceso en contra del expresidente del Comité de Vigilancia de la gestión 2008 Néstor Estaca Larico aún no tiene una resolución pese a que fue iniciado en 2012. El único efecto que tuvo es que como consecuencia de la imputación fiscal, Estaca fue suspendido de su puesto de concejal de El Alto.
El juicio fue instaurado por el expresidente del Comité de 2012, Richard Quispe, por una malversación de 114 mil bolivianos. Pero los siguientes ejecutivos de esta entidad, Johnny Morales y Juan Carlos Apaza, actualmente representante de esta entidad, no impulsaron ese proceso.
La Razón intentó comunicarse con Estaca y Quispe para saber sobre el caso, pero no obtuvo una respuesta de ambos.
El actual presidente, Juan Carlos Apaza, dijo que no brindará ninguna declaración al respecto hasta haber leído los documentos. “La verdad, queremos saber en qué anda todo este problema y así solucionar el congelamiento de las cuentas”.
El encargado de Manejo, Administración y Jurisdicción de Control de la Gobernación de La Paz, Felman Hidalgo, dijo que este tema fue conocido por la Gobernación en septiembre de 2012 y fue uno de los motivos de la suspensión de fondos, que no hicieron autoridades pasadas.
Sustento legal de la retención
Decreto
Según el Decreto Supremo (DS) 28966 Fondo de Control Social son causales de suspensión de recursos de fondos cuando no se presentan los descargos en los plazos establecidos y cuando se evidencia conflictos entre representantes del comité.
La Razon
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