La entidad fue intervenida en la víspera y se espera para los próximos días un nuevo proyecto que permita a la Comuna manejar esta institución en El Alto.
La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto expresó su apoyo a la intervención de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) por parte de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas debido a las diferentes falencias en la administración de la entidad, según dio a conocer Ricardo Colque, dirigente vecinal.
Por su parte, los trabajadores de Epsas manifestaron que se encuentran en incertidumbre por la disposición de Gobierno y temen por sus fuentes laborales.
"Estamos muy contentos porque la petición que hemos realizado a inicios de este año a la autoridad del Gobierno se ha cumplido y a partir de hoy se debe conformar una propia empresa operadora para el servicio de agua potable y alcantarillado en la ciudad de El Alto, siendo el desafío brindarle una adecuada atención a la población y ampliar la cantidad de beneficiarios", afirmó el ejecutivo de Fejuve Javier Ajno.
El acto de intervención fue realizado ayer en horas de la mañana con la presencia de autoridades locales, departamentales y nacionales en las dependencias centrales de Epsas ubicadas en la zona de Villa Fátima de la Sede de Gobierno. Mediante un comunicado público, la APPS señaló que la intervención fue realizada debido a la "ineficiente sostenibilidad operativa de Epsas S.A, aspecto que causaba riesgo al servicio de agua potable y alcantarillado sanitario para más de dos millones de habitantes en la ciudad de La Paz y El Alto, razón por la cual se cumple el artículo 43 de la Ley 2066, el Decreto Supremo 071 del 2009, disponiendo la revocatoria de la Autorización de Epsas S.A".
La Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) en la que se basa esta acción dispone la Revocatoria de la Autorización Transitoria Especial otorgada a Epsas SA, emergente de la Resolución Administrativa Regulatoria (Sisab Nº 05/1997, del Contrato de Concesión suscrito por el entonces Superintendencia de Aguas. Asimismo, de acuerdo con este informe, se explicó que la utilidad neta de Epsas el 2007 llegaba a Bs 50.956.617,00, el 2008 se incrementó a Bs 58.960.151,00 para luego descender hasta llegara en la gestión pasada a Bs 31.636.078,05.
El fiscal Luis Ferrufino, a nombre del Ministerio Público, fue la autoridad encargada de ejercer el control al proceso de intervención con la finalidad de otorgarle legalidad al cumplimiento a la RAR 244/2013 del pasado 25 de marzo.
"Como Ministerio Público lo que estamos realizando es otorgarle la legalidad correspondiente, con la finalidad de evitar atropellos por parte de los trabajadores, legalidad que es aplicada por nuestra instancia", afirmó Ferrufino a tiempo de calificar que toda la jornada de intervención fue desarrollada con normalidad.
El acto ocupó gran parte de la mañana de ayer afectando los trabajos de facturación de la empresa de agua evitando la atención de las oficinas en el departamento junto a las atenciones de emergencia. Sin embargo, el representante de la APPS Iván Ledesma confirmó que se garantiza el suministro de agua potable a la población además de la fuente laboral de los trabajadores que desempeñan sus funciones en Epsas.
"Estamos garantizando el normal funcionamiento del servicio de la empresa, además que se garantiza las fuentes laborales de todos los funcionarios de la empresa, aspecto que está incluido en el mandato de las disposiciones de la APPS, basándonos en la normativa vigente y la propia Constitución Política del Estado (CPE)", indicó.
VECINOS
Entretanto, la población que no conocía la noticia efectuó las cotidianas filas para cancelar sus facturas en las oficinas de la Plaza La Paz de la urbe alteña, a pesar de ello muchos dieron a conocer su esperanza para la mejora el servicio en varias zonas donde desde el 2011 se registran cortes del suministro de agua potable sin previo aviso.
"Esperemos que se encamine mejor el servicio, porque desde que se realizó el proceso para definir como empresa pública a esta entidad, el control de la misma no era el adecuado en perjuicio de la población", sostuvo Miguel Condori, vecino de Río Seco.
"Un mayor control hacía falta y se deje de ocupar las oficinas como si fuera un botín de pegas, de lo contrario es la población la que va a intervenir hasta sacarlos a patadas a los políticos", enfatizó Verónica Mamani, vecina de Villa Mercedario.
"Los funcionarios deben ser restructurados a otras instancias porque en El Alto, en facturación, son los que más maltratan a la ciudadanía, no hablan ni el aymara y cuando los abuelitos llegan a pagar sus facturas les gritan, son malcriados", denunció Víctor Choque, vecino de Villa Esperanza.
0 opiniones importantes.:
Publicar un comentario