El exdirector Jurídico del Municipio, Abraham Aliaga, aseguró que en caso de que se proceda con la construcción de obras sin la aprobación del Concejo edil, como la cancha de césped sintético de la zona de Santiago II y la terminal Bimodal, funcionarios ediles podrían ser pasibles a sanciones penales y administrativas.
De acuerdo con Aliaga, cuando existe la orden de proceder se demostraría una vinculación jurídica entre el Municipio y la empresa que construyó el escenario deportivo de la zona Santiago II del Distrito 2 y de ser así la relación contractual correría directamente a responsabilidad penal y civil.
"Pediremos que el nuevo Director Jurídico pueda exigir cuanto antes o requiera los informes técnicos y legales con la finalidad de que las personas involucradas puedan ser alegadas del Municipio, porque no podemos aceptar que este tipo de personas actúen de esta manera en la institución", manifestó el jurista.
A pesar de que Aliaga, no dio a conocer la identidad de la persona responsable que habría firmado estos documentos que dieron lugar a la construcción del escenario deportivo, días antes mediante el Concejo Municipal, a la cabeza de su presidenta Delia Peñaloza, se pudo conocer que uno de los principales acusados en este problema sería el encargado de obras del ejecutivo Salim Yapur, quién además en presencia de los propios vecinos de Santiago II habría aceptado que fue quien ordenó la construcción de dicha obra.
Mientras en el caso de la terminal bimodal de la zona de Villa Bolívar, Abraham Aliaga dijo que de la misma manera podrían existir culpables de la autorización del inicio de la construcción de dicha macro obra, pero con la diferencia de no haber la autorización de un funcionario encargado quien apruebe a la empresa para iniciar la obra hasta donde se encuentre el avance, no podrá cobrar pero se calificaría responsabilidades administrativas, aunque no penales en este caso.
En cuanto a la sanción, primero el servidor público que podría haber ocasionado estos problemas tendría que ser destituido para luego iniciar el proceso penal, que de acuerdo al exdirector jurídico se encontraría con sanciones hasta de privación de libertad.
"Es una pena que como servidores públicos no conozcamos prácticamente la norma madre en el tema de adjudicación de obras, como el caso del Decreto Supremo 181 que permite proceder los actos de cada uno en el momento en que se adjudica la obra", dijo.
Fuente: El Diario.
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